Según la Contraloría, entre 2012 y 2016 se gastaron $739.902 millones sin amparo presupuestal.

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El presupuesto del Ministerio de Defensa se convirtió en el salvavidas de la Dirección General de Sanidad Militar (Disan) para tapar el hueco que representa su escasez de recursos, cubrir los gastos requeridos y asegurar así la prestación de los servicios de la salud a su cargo.

Eso fue lo que encontró la Contraloría General de la República (CGR) al analizar el manejo presupuestal del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares.

Según el organismo de control, “el manejo presupuestal de la Dirección de Sanidad Militar ha permitido flexibilidad en el manejo del gasto, en donde ante la insuficiencia de recursos, se ha recurrido al uso del presupuesto de las Fuerzas Militares (Mindefensa), lo cual se traduce en subsidios que no son revelados y que en circunstancias distintas a la naturaleza jurídica que hoy ostenta la entidad, no serían viables”.

Las normas contenidas en la liquidación del presupuesto nacional tratan los servicios médicos como un caso excepcional, permitiendo que los gastos del último trimestre de cada vigencia se cancelen en la anualidad siguiente.

Tal caso se presentó con los recursos del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares, donde en el período comprendido entre 2012 y 2016 se presentaron gastos por 739.902 millones de pesos sin amparo presupuestal (medidos a precios constantes de 2016).

La situación descrita dificulta el control en la gestión de los recursos disponibles para cada anualidad y hace que se ejecuten gastos sin techo presupuestal, lo que afecta el control del gasto, indicó la Contraloría.

Alto costo de personal

Otro aspecto que analiza este estudio de la CGR, publicado en el Boletín Macro Sectorial No. 9, es el alto costo que representa el personal militar que labora en el Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares.

Dicho personal representa un valor importante con cargo al Presupuesto Nacional, más aún cuando el pago de salarios y demás prestaciones sociales se hace con los beneficios económicos del estatus militar, lo cual lo vuelve más costoso.

En promedio de 2012 a 2016, el 40 por ciento del personal que laboró en el Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares (3.480 personas), correspondió a personal militar en comisión, con un costo anual de 23.443 millones de pesos.

Dicha suma representa el 19 por ciento del costo total de personal, lo cual se traduce en un subsidio indirecto, dado que los salarios y prestaciones sociales son asumidos por la Fuerza a que pertenece (excepto por los cargos de Director General, Subdirectores y Coordinadores de Área, de la Dirección General de Sanidad Militar), con las condiciones salariales y prestacionales propias de la condición de uniformados, en donde se vuelve más oneroso el servicio.

Contratistas y labores permanentes

Otra práctica frecuente en el Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares es la vinculación de personal mediante el uso de contratos de prestación de servicios para el desempeño de actividades permanentes, el cual de 2012 a 2016 ascendió en promedio a 3.723 personas, con un costo de 55.049 millones de pesos, equivalente al 44 por ciento del total del período analizado, circunstancia que representa un alto costo y no permite controlar su número.
 
Otros hallazgos

Un aspecto adicional que afecta la sostenibilidad financiera, y en tal medida el acceso a la prestación de los servicios, son los hallazgos formulados por la CGR en el informe de auditoría practicado para la vigencia 2015 a la Dirección General de Sanidad Militar.

El primer hallazgo está relacionado con la ejecución del convenio interadministrativo 001 de 2015, en donde el Hospital Militar Central, a título de intermediación, realizó un presunto cobro no debido del 9 por ciento por dispensación de medicamentos (3.181 millones de pesos).

A esto se suma un incremento injustificado en las tarifas que oferta el Hospital (20 por ciento aproximadamente), sin tener en cuenta las recomendaciones del Comité Evaluador de la Dirección General de Sanidad Militar y el estudio de mercado comparado de tarifas, lo que produjo un presunto detrimento patrimonial de 43.276,5 millones de pesos.

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