En alerta se declararon los concejales del Caquetá ante la reducción anunciada por el Gobierno nacional de los esquemas de seguridad.

Los cabildantes han denunciado que se han recrudecido las amenazas en su contra, a través de mensajes intimidatorios que se les hace llegar a diario.

Según el representante por Caquetá, Harry González, del Partido Liberal, “ya el director de la UNP, Andrés Villamizar, anunció recortes en esquemas de protección por el déficit en el que se encuentra el organismo de seguridad. Por esto advertimos que hay una población muy vulnerable como los son los concejales de Colombia, que son el nivel más sensible de la democracia y que tienen una alta presencia en zonas de conflicto lo que expone sus vidas”.

Para González, si no se garantiza la protección a la vida de líderes de derechos humanos, periodistas, concejales y en general la todas las personas que se benefician de los programas de protección de la Unidad Nacional de Protección (UNP) pueden llegar miles de demandas al Estado por no proteger la vida de quienes a diario son atemorizados.

“De llegar a afectarse la vida de estas personas, el Estado colombiano tendría que responder. Y ahí sí que no hubiese dinero para sostener la cantidad de demandas que vendrían”, anotó el representante caqueteño.

El secretario de gobierno del Caquetá, Hugo Rincón, en diálogo con EL NUEVO SIGLO les hizo un llamado a las autoridades de seguridad para que no les retiren a los cabildantes la seguridad ya que se tiene que considerar que esta es una zona roja.

“Es que la dinámica del departamento del Caquetá, debido a que esta zona es bastante convulsionada en orden público, hace que muchos de los concejales queden en medio de esta lucha que hay aquí en Colombia”, dijo.

Rincón sostuvo que allí hay problemas de extorsión, de inseguridad en zonas rurales, aún hay presencia en regiones por parte de algunos frentes del grupo alzado en armas.

“El llamado es que no les quiten la seguridad a las personas protegidas. Aquí la gente está protegida es por algo. Aquí no es por subir el estrato social”, manifestó.

El concejal de Florencia, Óscar Eduardo Parra, del Partido Liberal, manifestó que “queremos escuchar de la Policía Nacional, a través de su representante en el departamento del Caquetá, cuáles son las motivaciones o los argumentos técnicos que ellos tienen en la parte de seguridad y en las competencias que a ellos les corresponde de lo que ha venido sucediendo en el municipio”.

Entre tanto el concejal de Puerto Rico, Davinson Roncancio, también del Partido Liberal, sostuvo que a parte de las amenazas han tenido serios problemas con el tema del subsidio de reubicación para los concejales.

“Ya hacía como cuatro o cinco meses que no nos pagaban”, anotó, señalando que “si no nos consignan tenemos que salirnos de las reglas de seguridad”, lo que obviamente implica estar expuestos a temas de inseguridad.

“Me han comentado los concejales de Cartagena de Chaira que han recibido amenazas por mensajes de textos y otros concejales también”, contó Roncancio.