La Contraloría alertó sobre hoy  la creciente ocupación  ilegal en zonas de playa y  bajamar en Santa y Cartagena, en particular por el desarrollo de proyectos urbanísticos y hoteleros en áreas que corresponden a bienes de uso público de la Nación.

Esta ocupación ilegal, que se da en también en la Costa Pacífica, en zonas que nunca debieron haber sido pobladas, está poniendo en riesgo las comunidades que están asentadas allí. Cifras recientes de la DIMAR indican que 24.954 bienes de uso público estaban ocupados ilegalmente en el 2008 y  hoy día se ha pasado a 28.510, o sea unos en los últimos años unos 3.500  predios adicionales se han venido ocupando inadecuadamente.

El aumento de esta ocupación ilegal es particularmente significativo en Tumaco, Santa Marta, Cartagena, Riohacha, Bahía Solano y Guapi y principalmente está asociado, en el Pacífico, a la construcción de viviendas unifamiliares palafíticas y, en el Atlántico, al desarrollo de hoteles y viviendas de recreo y edificios lujosos, que se han venido construyendo especialmente en Cartagena, Santa Marta y Barranquilla.

Además, según el reporte de la DIMAR, en estas áreas de bajamar se encuentran también actividades petroleras, obras públicas viales y actividades mineras, entre otras.

Viendo con notoria preocupación la situación descrita, y la forma cómo se ha acelerado la erosión en estas zonas, la Contralora General de la República, Sandra  Morelli Rico, emitió hoy un control de advertencia sobre el tema, donde indica que “de no tomar inmediata y coordinadamente las acciones para evitar que se sigan invadiendo los bienes de uso público y de no agilizar las restituciones que correspondan, se estaría aumentando el grave impacto ambiental ocasionado por la ocupación indebida de las zonas de bajamar y costas y perdida de la propiedad del Estado, con lo cual se podría generar daño al patrimonio económico y ambiental del país”.

El control de advertencia de la CGR está respaldado por testimonios fotográficos que muestran casos concretos de apropiación de territorios públicos de la Nación, como sucede con viviendas y desarrollos hoteleros en la zona de Pozos Colorados, en Santa Marta.

La Contraloría recuerda el caso de la cuestionada licencia de construcción aprobada para el proyecto Cabo Tortuga y hace un comparativo de fotografías aéreas de 1955, 1975, 1991 y 2003 , que muestran el avance de la ocupación de la zona de Pozos Colorados desde la progresiva invasión por viviendas unifamiliares hasta la actual intervención de complejos hoteleros y urbanizaciones de gran magnitud.