Un informe preventivo elaborado por la Procuraduría sobre la situación de reubicación y construcción del casco urbano del municipio de Gramalote (Norte de Santander), señala que dos años y cuatro meses después del fenómeno geológico que trajo como consecuencia la destrucción de su casco urbano, el proceso de reasentamiento avanza muy lentamente.

Después de la tragedia, ocurrida el 17 de diciembre de 2010, el Gobierno Nacional creó  la Comisión Intersectorial para el municipio de Gramalote (Decreto 1159 del 8 de abril de 2011), con el fin de coordinar las acciones necesarias para apoyar técnica, jurídica y financieramente a las entidades públicas en la toma e implementación de decisiones necesarias para atender la crisis.

El 25 de mayo del mismo año fue contratada la Fundación Servicio de Vivienda Popular (Servivienda) para la realización de un estudio de prefactibilidad en términos técnicos, sociales, económicos e institucionales.

La Procuraduría observó con preocupación que pese a las facultades otorgadas al Fondo de Adaptación para realizar la contratación y adopción de medidas tendientes a la pronta reubicación y construcción del casco urbano del municipio de Gramalote, la misma avanza muy lentamente.

En consecuencia, la Procuraduría exhortó a las autoridades involucradas: -Colombia Humanitaria, Fiduprevisora, Gobernación de Norte de Santander y Corporación Social y Educativa “Paz y Futuro”-, a evitar que se prolonguen las circunstancias que agravan la ya penosa situación de los damnificados.

El Ministerio Público advirtió que de suspenderse el pago de los subsidios de arrendamiento antes de reubicar a las familias afectadas en el nuevo casco urbano, se configuraría una mayor vulneración de sus derechos fundamentales, económicos, sociales y colectivos.

El informe de actividades preventivas que este organismo de control ha adelantado frente a la situación del municipio de Gramalote, fue trasladado a la instancia disciplinaria de la Procuraduría.

A la fecha 1.259 familias de Gramalote se encuentran en arrendamiento en diferentes municipios, situación que se vio agravada desde el mes de noviembre de 2012 debido al no pago de los referidos contratos; según información reportada por Fiduprevisora S.A., esto obedeció a la no legalización oportuna de los recursos por parte de la Gobernación de Norte de Santander. La Procuraduría conoció que el trámite para el desembolso de estos dineros culminó el pasado 8 de abril y la transferencia se hizo efectiva el 9 del mismo mes.

Según lo manifestado por Colombia Humanitaria y la Alcaldía de Gramalote, el pago de arriendos se realizaría solamente hasta el primer semestre del 2013. Colombia Humanitaria ha señalado además que a partir del segundo semestre del presente año sería responsabilidad del municipio encontrar fuentes de financiación que garanticen la continuidad del subsidio.

En abril de 2012 la alcaldesa municipal de Gramalote, Sonia Rodríguez, reiteró ante este organismo de control las demoras en la toma de decisiones por parte de las autoridades involucradas. El primero de agosto del mismo año el procurador Alejandro Ordóñez Maldonado presidió en la ciudad de Cúcuta una reunión con autoridades departamentales, locales y representantes de la sociedad civil, en la cual se hizo referencia a los pocos avances en la reconstrucción y a la tardanza en la toma de decisiones desde el nivel nacional.