El pasado 4 de noviembre fueron deportadas 15 mujeres venezolanas que fueron sorprendidas ejerciendo la prostitución en el operativo realizado en el barrio Santa Fe, de Bogotá, lo cual dejó en evidencia la expansión de estas ciudadanas en el país. Según datos de Migración Colombia, en lo que va del año, Colombia ha deportado cerca de 1.600 venezolanos.

Al respecto, EL NUEVO SIGLO indagó con Fidelia Suárez, presidenta del Sindicato de Trabajadoras Sexuales de Colombia, el cual abarca actualmente más de 600 agremiadas y quien afirmó que “la presencia se está incrementando día a día, primero teníamos por frontera, Cúcuta, Bucaramanga, un número poco visible de compañeras que ejercen trabajo sexual, ahora se está incrementado por la parte de La Guajira y han llegado hasta la capital, es preocupante la situación porque desde nosotras en la población que hay de trabajo sexual en el país tenemos persecuciones por parte de la Fuerza Pública, tenemos algunas contradicciones, algunas amonestaciones, siendo nosotras ciudadanas y ciudadanos colombianos y ejerciendo este trabajo en nuestro propio país, se puede imaginar lo que está ocasionando la presencia, en donde no hay una regularización de nuestro trabajo, entonces esto perjudica no solamente a la población nuestra, sino que como seres humanos que somos se someten a ser más violentados los derechos fundamentales, buscando unas alternativas económicas por la  situación que está viviendo el pueblo venezolano”.

Así mismo, Suárez aseguró que “nosotras estamos abriendo las puertas a ver de qué manera podemos conciliar con migración para que nuestras compañeras no sean atropelladas y haya esa articulación en que el trabajo sexual no es ilegal en nuestro país, estamos llevando una lucha día a día para que se regule nuestro trabajo con las condiciones dignas, con las condiciones laborales que tiene cualquier trabajador y lo nuestro es un trabajo, entonces el por qué nosotras trabajamos de la mano con las fronteras para que no se incremente este número y que como seres humanos nos pongamos la mano en el corazón y analizar las situaciones que están llevando a las compañeras a radicarse en nuestro país ejerciendo este trabajo, que para ellos sí es ilegal porque están violando las leyes constitucionales en nuestro país, siendo primero que todo que algunos están sin documentos.  La otra es la posición de ellos, al estar en la clandestinidad se presta para una inseguridad y una desprotección que se puede convertir en un máximo peligro que va en contra de la dignidad del ser humano”.

La diferencia en cobros

Con respecto al cobro de tarifas de las trabajadoras sexuales venezolanas, la presidenta resaltó que “nosotras cuando llegamos por primera vez a diferentes zonas, departamentos, ciudades o países, siempre hay una orden de clientela. Me preocupa es el por qué no puede haber acceso a que las compañeras tengan el alcance a preservativos, esa protección,  y nos preocupa también porque un compañero puede que esté aquí o puede que esté pasando la frontera provisionalmente unos 3 días y que ellos manifestaran que con $100 mil podrían vivir 2 y 3 meses perfectamente en Venezuela, entonces a diferencia de nosotras $100 mil no nos alcanza ni para pagar una habitación. Entonces puede que se bajen las tarifas o que con menos clientes obtengan mayor ganancia para lograr la sostenibilidad en el país”.

Además, la presidenta de Sintrasexco reveló que “en zonas como el Putumayo son zonas donde no hay unos procesos legales y que también es preocupante donde están metidas en zonas rojas y ellas corren más peligro porque las compañeras están llegando de Venezuela por muchos sectores y por muchas zonas cuando están entrando clandestinamente, pero también se están ubicando en otros departamentos y que la Policía Migratoria no alcanza a estar por allá, ellos solamente alcanzan lo que tienen cerca de su mirada, no va más allá de un estudio, pero no para violentar ni ultrajar y tampoco para que se aprovechen de esta situación que viven nuestras compañeras venezolanas, es buscar mejorar la situación y que ellos no vean el trabajo sexual como única salida para que estén ingresando, escapando de la situación que están viviendo en su país, que no sea esa alternativa, aquí hay muchas fuentes de trabajo, pero que ellos también tendrían que estar legalizados como un hermano más en el país, entonces no es cerrar las puertas, es buscar alternativas de beneficios para las partes porque es preocupante la situación y que cada día se están incrementando. Ese número de deportación no es un número fijo que hay porque existen muchas más personas en Bogotá”.

Suárez agregó: “hablemos de los otros departamentos como Antioquia, el Cauca, la parte de Cali, Pereira, en Cartagena las compañeras están utilizando sus estrategias para esquivar Migración y poder llegar a los sitios donde se ejerce el trabajo sexual, lo que me preocupa también por las compañeras es que puedan caer en establecimientos donde se explota laboral y económicamente y se explota a la población, vayan a ser sometidas a lo que no queremos y siempre hacemos la diferencia de trata a trabajo sexual”.

En cuanto al por qué están arribando a ciudades lejanas de las fronteras, Suárez afirmó, “lo que nos está preocupando es quiénes están en los sectores fronterizos que utilizan sus artimañas delincuenciales para darles el camino a ellas y que la situación cuando ya llegan a un establecimiento o a algún lado es diferente, esto nos preocupa y por eso hacemos la diferencia de trabajo sexual a trata de personas”.

Finalmente, la representante del sindicato de trabajadoras sexuales criticó el papel del Distrito con respecto a su gremio, “en el Distrito no hay programas beneficiosos para la población que ejerce el trabajo sexual, comenzando desde la Secretaría de la Mujer. Lo que hacen es utilizar los recursos económicos supuestamente para beneficiar la población, formándola, educándola que no es así. En el Distrito lo que hemos tenido más que todo son imposiciones, discriminaciones y estigmatización, imposición de unas capacitaciones que supuestamente dicen ser el mal llamado Código de Policía, que cuando comenzamos a hacerlo público lo llaman manual de convivencia, son capacitaciones de VIH y de cómo colocar un condón, entonces son imposiciones que esto le da a la Fuerza Pública un abuso de poder porque la Fuerza Pública es un ente que debe velar por nuestra protección y hace lo contrario. Eso es una violación a nuestros derechos tanto laborales como de nuestra integridad personal”, concluyó.

Según datos que la Secretaría de la Mujer compartió con EL NUEVO SIGLO, las intervenciones del Estado se vienen dando de manera desarticulada, sin objetivos comunes y que apunten a transformar o a generar impacto sobre el mismo; dentro de la misma ciudad no se habla el mismo lenguaje sobre el tema de prostitución, las normas no dan claridad a la intervención y permite que las diferentes interpretaciones dejen vacíos en lo más importante que es la garantía de derechos de quienes hacen parte del fenómeno.

Así mismo, resaltó que “las medidas legales en general para esta temática, se han orientado a la reglamentación de la actividad desde el punto de vista urbanístico y de policía, y menos hacia los derechos de personas que ejercen la prostitución, que por lo conocido actualmente, son mujeres en un 97%”.

Finalmente, el ente Distrital señaló que “para la atención a mujeres que ejercen la prostitución, se ha puesto en operación un Centro Especializado de Atención: La Casa de Todas, en términos de acciones que permitan garantizar la promoción y restitución de los derechos, y la atención directa en los servicios, casa que está ubicada en la Calle 23 No. 18 – 74”.