La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales –ANLA y las Corporaciones Autónomas Regionales y para el Desarrollo Sostenible están ejerciendo un bajo seguimiento y un débil control sobre las licencias y permisos ambientales aprobados en varias regiones del país, detectó la Contraloría General de la Republica.

 

Así lo indican las evaluaciones de auditoría adelantadas por el organismo de control a estas entidades, que tienen a su cargo la evaluación, control y seguimiento ambiental de las actividades económicas que usan y/o afectan los recursos naturales.

 

Una deficiencia común detectada en las distintas auditorías que adelanta la Contraloría Delegada para el Medio Ambiente, es que la ANLA y las Corporaciones Autónomas Regionales y para el Desarrollo Sostenible no realizan seguimiento oportuno a las obligaciones establecidas en los actos administrativos por los cuales se han otorgados licencias y permisos ambientales. Lo mismo sucede con los compromisos instaurados en los Planes de Manejo Ambiental.

 

Tal situación incide para que el seguimiento respecto del total de licencias y permisos otorgados sea bajo. Además, esta falta de verificación hace que, en algunos casos, se generen afectaciones relevantes en el medio ambiente y los recursos naturales.

 

Un caso específico es el de la ANLA, donde la Contraloría pudo establecer que de 904 licencias ambientales otorgadas entre 2011 y 2014 (excluyendo las del subsector de químicos) se realiza seguimiento a 131 licencias al año en promedio.

 

Demoras en procesos sancionatorios y conceptos técnicos

 

Otra deficiencia detectada en las auditorías realizadas por la CGR en el año 2014 (sobre la vigencia 2013) a varias Corporaciones Autónomas Regionales y para el Desarrollo Sostenible, así como a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, es la falta de celeridad en los procesos ambientales sancionatorios.

 

En determinados casos, tales procesos sancionatorios no logran garantizar efectivamente la protección de los recursos naturales y del ambiente, por cuanto se generan vencimientos de términos, no hay certeza sobre los infractores y se producen fallos con imposición de sanciones que no logran superar los daños causados o que resultan imposibles de ejecutar.

 

En la auditoría a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales se evidenció que los Informes de Cumplimiento Ambiental (ICA) no son presentados oportunamente por las empresas y esta entidad estatal no ejerce un adecuado seguimiento sobre el tema.

 

Dichos informes solo se analizan y evalúan al momento de realizar seguimiento y control a cada proyecto, desconociendo lo establecido en el Manual de Seguimiento Ambiental de Proyectos. Esta situación genera que los posibles incumplimientos reportados en los ICA no se detecten a tiempo. Así mismo, el Sistema de Información de Licencias Ambientales –SILA adolece de mecanismos de alerta y control para esta actividad misional.

 

Adicionalmente, los débiles mecanismos de control interno, no permiten un adecuado seguimiento que garantice la efectividad de las áreas misionales, generando, como se evidencia en este caso, fallas por parte de los funcionarios responsables de la planeación y seguimiento de los proyectos licenciados, lo que impide detectar a tiempo los eventuales daños causados por el desarrollo de los proyectos.

 

En conclusión, la Contraloría considera que la ANLA presenta serias deficiencias en la evaluación, seguimiento y control de los proyectos, obras o actividades sujetos a licenciamiento, permisos o trámites ambientales de su competencia, lo que impide que estas actividades se realicen de manera transparente, objetiva y oportuna, con altos estándares de calidad técnica y jurídica, para contribuir al equilibrio entre la protección del ambiente y el desarrollo del país.

 

Algunos hallazgos

 

En un Informe sobre el Licenciamiento Ambiental en Colombia, realizado por la Contraloría Delegada para el Medio Ambiente, se señalan varios hallazgos que prueban el débil control y seguimiento ambiental que realizan algunas Corporaciones Autónomas Regionales y para el Desarrollo Sostenible, como los siguientes casos, referidos en concreto a CORTOLIMA, CARSUCRE y CARDIQUE:

 

*En la auditoría practicada a la Corporación Autónoma Regional del Tolima –CORTOLIMA, vigencia 2013, se estableció que presenta un bajo porcentaje de evaluación y seguimiento a las concesiones, en sus 4 Direcciones Territoriales.

 

En la Dirección Territorial Norte, de un total de 51 solicitudes de concesión de aguas para evaluación, se realizó visita de evaluación a 22 (el 43%). Igualmente, de un total de 1.048 solicitudes de concesiones para realizar seguimiento, se realizaron 47 visitas (apenas el 4.4%).

 

*En el proceso de liquidación y cobro anual de tarifa de evaluación y seguimiento de licencias mineras, CORTOLIMA dejó de percibir recursos en cuantía de $19,88 millones por incurrir en varias deficiencias:

 

No se actualizaron las tarifas máximas establecidas en la Resolución 1280 del 2010 con el IPC anual para los años 2010, 2011, 2012 y 2013. Y se liquidaron tarifas de seguimiento en forma parcial al solo incluir los costos de inversión y excluir los costos de operación del proyectado presentados por el usuario.

 

*Los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos de 23 de 47 municipios del departamento del Tolima, no fueron actualizados por las administraciones municipales con los Planes de Desarrollo Municipal vigentes entre el 2006 y el 2013, “debido a que CORTOLIMA no ha hecho uso efectivo de sus facultades de vigilancia y control, imponiendo las correspondientes sanciones y exigiendo su cumplimiento, lo que ha generado afectación en los servicios prestados a la comunidad, deterioro de los recursos naturales y del medio ambiente y omisión en el cumplimiento de las funciones misionales de la Corporación”.

 

*Al auditar a la Corporación Autónoma Regional de Sucre –CARSUCRE, vigencia 2013, se determinó que la “(…) la Corporación dejó de realizar visitas de seguimiento y control a las licencias ambientales de los expedientes de títulos mineros radicados bajo los números 0851 de 2006, 0312 de 1997, 0341 de 1998, 0874 de 2009, 0887 de 2010, durante períodos de tiempo que van entre los dos a los nueve años…debido a la falta de planeación en la programación de las mismas, lo cual trae como consecuencias el incumplimiento en las licencias ambientales  y que la autoridad ambiental no tome las medidas oportunamente”.

 

*Revisadas algunas investigaciones administrativas ambientales adelantadas por la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique –CARDIQUE, vigencia 2013, se advirtió poca efectividad por parte de esta entidad para determinar las sanciones impuestas a las personas jurídicas comprometidas en el cumplimiento de la normatividad ambiental.