Según un informe de la Entidad, los eventos masivos afectaron a más de 18.500 colombianos pertenecientes a las comunidades negras, es decir el 47 por ciento del universo. Casi la mitad de los desterrados por el conflicto en el país se concentra en Cauca, Nariño, Valle y Chocó.

Un nuevo y urgente llamado a las autoridades nacionales, departamentales y municipales para profundizar las acciones de protección  de los territorios, evitar el desplazamiento forzado de las comunidades, fortalecer la ruta de restablecimiento de derechos e implementar medidas de asistencia con enfoque diferencial, hizo la Defensoría del Pueblo ante la grave situación de desarraigo que se presenta en la Costa Pacífica y que afecta principalmente a los indígenas y a los afrocolombianos, cuyo día se conmemora hoy.

De acuerdo con un informe elaborado por la Delegada para los Derechos de la Población Desplazada de la Defensoría, el cual recoge datos de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), el 48,1 por ciento de los desplazados por el conflicto se concentra en los departamentos de Nariño, Valle, Cauca y Chocó, donde respectivamente y según cifras a cierre de 2013 se reportaron 18.167, 17.468, 12.156 y 7.736 personas en condición de desplazamiento sobre un total de 115.133 registros en ese mismo período.

La situación más reciente es la registrada en el Alto Baudó, donde más de 2.500 personas fueron desterradascomo consecuencia de enfrentamientos entre guerrilleros del ELN y miembros de un grupo armado post desmovilización conocido como las Autodefensas Gaitanistas.

Por otra parte, el accionar de grupos armados ilegales como las FARC, que por ejemplo en el caso de Nariño tiene alta presencia a través del frente 48, las columnas móviles Mariscal Sucre y Daniel Aldana, afectando a municipios como Ipiales, Cumbal, Ricaurte, Barbacoas y Tumaco (escenario de un reciente y confuso ataque con explosivos), complica el panorama de derechos humanos para estas comunidades.