En consideración a que a la fecha se registran en la Procuraduría General de la Nación cientos de quejas de niñas del Carmen de Bolívar y de otros municipios del país que recibieron la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), denunciando posibles efectos adversos atribuibles a la misma, el procurador Alejandro Ordóñez Maldonado exhortó al Ministerio de Salud y Protección Social y a las demás entidades responsables, a garantizar la atención integral a las niñas que reporten problemas de salud por esta causa, y adoptar las medidas necesarias para la vigilancia de la gestión y administración del biológico en el territorio nacional.

A través de la Circular 013 expedida el pasado martes 2 de diciembre, dirigida al Ministerio de Salud y Protección Social, a la Superintendencia Nacional de Salud, a los institutos Nacional de Salud (INS) y Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), así como a las direcciones departamentales, distritales y municipales de salud y a las empresas administradoras de planes de beneficios, el jefe del Ministerio Público solicitó además adelantar el seguimiento y tratamiento oportuno e integral de los eventos relacionados con la inmunización, de acuerdo con las competencias de las respectivas entidades.

Requerimientos del Ministerio Público

En la citada circular el jefe del Ministerio Público requirió al INS y a las demás instituciones responsables para que den a conocer los estudios técnicos y científicos, y la consolidación de los reportes finales o avances de las intervenciones en torno a los casos especiales identificados durante la atención de la crisis.

Asimismo solicitó que se garantice la aplicación, entre otros, de los procedimientos para la liberación de lotes de vacunas (responsabilidad del INVIMA) y de los lineamientos para la gestión y administración del Programa Ampliado de Inmunizaciones, para dar cumplimiento e intensificar el control epidemiológico de los casos reportados, al igual que la revisión y difusión efectiva del plan para prevenir y manejar integralmente las situaciones de crisis.

El procurador general requirió también la actualización, basada en la evidencia, de los estudios que soporten la seguridad de la vacuna; revisar las normas que garanticen el rigor en el procedimiento de inmunización, y desarrollar estrategias de comunicación e información sobre los aspectos relevantes y generales de la misma, de manera que las políticas de salud en el país se cumplan en un ambiente seguro y confiable, que mitigue los riesgos para las niñas y adolescentes objeto de este programa.

El jefe del Ministerio Público puntualizó en la prioridad que debe darse a la garantía del derecho a la salud, al control de las enfermedades prevenibles y al bienestar de toda la población.