El desplazamiento de más de 4.000 personas y amenazas a por lo menos 25 líderes sociales durante 2014 en Chocó, azotado por el enfrentamiento de grupos armados, fue denunciado ayer por la oficina de Derechos Humanos de la ONU en Colombia.

"La situación en el departamento de Chocó es bien problemática: hay problemas de desplazamientos masivos, amenazas de líderes, homicidios de líderes, enfrentamiento de actores armados ilegales y fallecimientos de menores indígenas", dijo en rueda de prensa Todd Howland, representante en Colombia del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU (Acnur).

Tras reunirse con líderes religiosos y sociales de la región, poblada sobre todo por indígenas y comunidades negras, Howland informó que "desde comienzos de este año ha habido más de 4.000 personas desplazadas en Chocó", anotando que “se puede notar que hay enfrentramientos en este momento”, gran parte de los cuales son entre el Eln y un grupo paramilitar.

Según la Defensoría del Pueblo, el Eln cuenta con el apoyo de las Farc y el grupo paramilitar de los Úsuga.

Denunciando amenazas a 25 líderes de derechos humanos de Chocó en 2014, el representante de la ONU pidió también al Gobierno prestar atención a "problemas estructurales" que empeoran la situación de esta región, donde la pobreza llega al 80 por ciento y existen carencias de infraestuctura, salud y educación.

Bacrim

Por su parte, el defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, también presente en la reunión, informó que la lucha por el control sobre la actividad minera ilegal es una de las principales causas de los enfrentamientos entre bandas armadas en Chocó.

"La minería ilegal trae los problemas de violencia, trae los problemas ambientales, como la contaminación permanente de los ríos, pero hasta el día de hoy se desconoce quiénes son los dueños" de la maquinaria con que se ejerce, explicó Otálora.

Tanto la Defensoría como la ONU y otras entidades de control mantendrán reuniones periódicas sobre la situación de Chocó y exigirán al gobierno mejorar las condiciones estructurales y de seguridad de la región.

Actividades ilegales

El Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo identificó los principales puntos de concentración de las actividades ilegales que actualmente atemorizan a los habitantes de esa región.

En la capital, Quibdó, el informe de la Defensoría encontró que hay 43 barrios de la ciudad con injerencia de los actores en conflicto, particularmente de los grupos posdesmovilización paramilitar. Así por ejemplo, en 24 barrios de la comuna 1, conocida como la de los Norteños, existe un marcado control de la estructura de los Úsuga (en algún momento llamados Urabeños) a través de acciones como la extorsión y el microtráfico. En las comunas 4 y 5, de los sectores Sureños, la presencia es de las Rondas Campesinas Populares (RCP, conocidas como Los Rastrojos), que de acuerdo con la información recopilada por el SAT, actúan en 12 barrios. En la comuna 2, se identificaron 7 barrios que hoy son escenario de disputa entre las organizaciones ya mencionadas, siendo la población civil la más afectada por los enfrentamientos urbanos, problemática que se replica en el corregimiento Guayabal, a las afueras de la comuna 1, donde las Farc intentan contener el avance de las llamadas bandas criminales (Bacrim).

Uno de los aspectos más preocupantes es la instrumentalización de los jóvenes, algunos de los cuales aparecen vinculados a grupos delincuenciales de naturaleza barrial conocidos como Los Batam y Los Mercenarios, siendo aprovechados y reclutados por los grupos al margen de la ley para encargarles acciones de control territorial mediante amenazas, cobro de extorsiones, tráfico de estupefacientes y homicidios selectivos bajo la modalidad de sicariato. / AFP-Defensoría