A menos de siete meses de las elecciones y a tres meses de la inscripción ordinaria de candidatos, hay aspectos fundamentales que el proyecto de Acto Legislativo 05 no aclara o que delega en la reglamentación.
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La Misión de Observación Electoral alerta sobre la incertidumbre jurídica en circunscripciones de paz. Del mismo modo hace un llamado acerca de la falta de claridad que existe sobre el funcionamiento de las circunscripciones.
A menos de siete meses de las elecciones y a tres meses de la inscripción ordinaria de candidatos, hay aspectos fundamentales que el proyecto de Acto Legislativo 05 no aclara o que delega en la reglamentación y las decisiones de autoridades del Estado convocadas a esta Comisión Nacional de Seguimiento.
La MOE actualmente ejecuta una observación especial sobre los 167 municipios donde se planea establecer las Circunscripciones de Paz a la Cámara de Representantes a través del Acto Legislativo 05 de 2017.
En este sentido, se han realizado análisis que determinan la existencia de barreras para la participación democrática en estos territorios, tales como: el 46% de los municipios puede tener déficit de cedulación entre su población. Asimismo, el 70% podría tener comunidades con dificultades de acceso a puestos de votación.
El 36% de los líderes políticos, sociales y comunales víctimas de violencia durante 2016 y el primer semestre de 2017, se concentran en estas circunscripciones. Al observar en particular las víctimas de hechos más graves (asesinatos y atentados), la proporción sube a un 48% de las víctimas de todo el país concentradas en los 167 municipios donde funcionarán las circunscripciones. Esta proporción se ha observado a lo largo de todo el año.
La MOE propone un equipo técnico para definir las medidas que permitan superar las barreras a la participación incluyendo mesas técnicas de trabajo con autoridades étnicas para identificar con precisión las comunidades con dificultades de acceso a la participación electoral y las opciones para instalar nuevos puestos de votación.
Estadísticas encontradas
En total, los 360 municipios priorizados equivalen al 32% de los municipios del país, sin embargo su área corresponde al 83% del territorio nacional. A partir de este cálculo se destacan áreas del país que, a pesar de contar con municipios amplios y dispersos, tienen buena cobertura de puestos de votación en la zona rural y por lo tanto no aparecen en esta medición, como la Costa Pacífica de Nariño, donde se encuentra el municipio de Tumaco, el de mayor número de puestos de votación en zona rural del país (199 puestos en 2015).
Traslado de puestos y mesas de votación 1994-2016
En el periodo comprendido entre 1994 a 2016 se hicieron 1.786 traslados de puestos de votación que corresponden a 2.376 mesas por causa de afectaciones al orden público. Estos traslados de puestos y mesas de votación se dieron en 159 municipios en 25 departamentos del país.
Modificaciones
No obstante, el contexto en estos territorios se ha modificado con el pasar del tiempo, se encuentra que para el año 2016 en 19 municipios del país (5 de ellos en Circunscripciones de Paz), los puestos trasladados no habían retornado a su ubicación de origen. En total 38 puestos de votación correspondientes a 148 mesas no han sido reubicados en su punto inicial lo que dificulta la posibilidad de participar electoralmente a estas comunidades.
Control a la financiación de campañas
Teniendo en cuenta los escándalos sobre la financiación de las campañas presidenciales de 2010 y 2014, se pone de presente que las actuaciones desarrolladas hasta el momento se han quedado cortas frente al control de las fuentes de financiación ilegal, la violación de topes y la destinación ilegal de recursos.
Frente al control y sanción en tiempo real de los ingresos y egresos de las campañas, es importante que los informes de ingresos y egresos sean presentados por los grupos políticos en línea. El proceso de verificación no puede postergarse hasta dos meses después de realizada la elección.
Sobre la forma de hacer uso de las facultades de inspección a las campañas, en el caso que el Consejo Nacional Electoral tome la decisión de implementar la figura de Tribunales de Garantías Electorales, la MOE considera que se deben tener en cuenta tanto los posibles conflictos de intereses, como también, la importancia de hacer pública la lista de elegidos para posibilitar la revisión, antes de la posesión, de parte de los partidos políticos, la entidad y la ciudadanía.
Control a la campaña anticipada
La MOE ha recibido dos reportes ciudadanos sobre posible publicidad extemporánea. Esta irregularidad se convierte en uno de los principales indicadores de excesos en la financiación y no reporte de gastos de campaña. En este sentido, se requiere una intervención pronta por parte de la autoridad electoral sobre algunos casos que desde ya se empiezan a percibir por parte de la ciudadanía.
Asimismo, 990 ciudadanos han cambiado de puesto de votación, lo que significa una tasa de inscripción de cédulas de 2,7 ciudadanos por cada 1.000 habitantes en promedio en todo el país. A través de esta tasa, la MOE calcula qué municipios tienen niveles de inscripción de cédulas demasiado altos para el tamaño demográfico del municipio.
Conformación del registro
Con la Ley 1475 de 2011, se estableció la obligatoriedad tanto para los partidos políticos, como para el Consejo Nacional Electoral de llevar el registro de afiliados de las organizaciones políticas. Pese a esto, el CNE en respuesta al derecho de petición presentado por la MOE el 12 de diciembre de 2016, presenta unos registros de afiliados considerablemente bajos y preocupantes en lo que se refiere al cumplimiento del mandato legal, tal como se presenta a continuación.
Opinión gubernamental
El ministro del Interior, Guillermo Rivera, se refirió a las nuevas normas que regirán en estas elecciones como las 16 Circunscripciones Especiales de Paz, lo que significa que se elegirán 16 representantes a la Cámara de esas zonas, que han sido las más afectadas por el conflicto. "Allí no participan los partidos políticos, ni el partido que surgió de la desmovilización de las Farc. Participarán organizaciones campesinas y de víctimas, lo que nos obliga a actuar con mucho vigor", afirmó el Ministro.
De acuerdo con esta normatividad, producto de la implementación del Acuerdo de Paz, también "participará el nuevo partido político que surge de la desmovilización de las Farc", explicó. "El marco general del conflicto nos pone un desafío como la modificación al ordenamiento jurídico", dijo Rivera, quien añadió que hay otras normas en curso como la Reforma Política.
Por último, el Ministro hizo un llamado a la "perfecta coordinación interinstitucional" y a "analizar cada detalle y prepararnos para las elecciones de 2018".
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