La alcoholimetría en poder de los políticos. El representante legal de la Asociación Nacional de Transportadores  (Asotrans), Carlos Enrique Campillo Parra, solicitó investigar y sancionar con destitución e inhabilidad, por presunta violación a la ley y a las circulares externas de la Superintendencia de Puertos y Transporte, al Gerente de la Terminal de Transporte de Neiva y a su junta directiva.

De acuerdo con la denuncia conocida por La Barca, el propio Campillo Parra -considerado el gran gurú en los temas atinentes al transporte- estima francamente inaceptable que un programa como el de seguridad vial, hoy bajo la responsabilidad de los gremios representativos del transporte intermunicipal de pasajeros, quede en manos de los politiqueros de turno en Neiva.

El Gobernador no paró bolas. Lo grave del episodio es que no quiso hacer caso el gobernador del Huila, Carlos Mauricio  Iriarte, no obstante haber  sido advertido por escrito de lo que estaba ocurriendo por parte de los representantes de la empresas de transporte, como el director Territorial del Ministerio de Transporte, César Julián Salas Escobar, lo mismo que Salomón Serrato y Juan Carlos González, quienes dejaron sendas constancias de las irregularidades que se estaban consumando.

Un aliado del mandatario. Según los denunciantes, el señor Iriarte pasó de mandatario a mandadero seccional  al aliarse con el gerente de Coomotor, Armando Cuéllar,  para que una entidad supuestamente sin ninguna experiencia asumiera la responsabilidad de practicar los exámenes o las pruebas de alcoholemia a los conductores de los buses y busetas de servicio público que se despachan desde la Terminal de Transporte opita hacia distintas regiones del territorio colombiano.

Esa irresponsabilidad pone en alto riesgo la vida y la integridad de los pasajeros.

Recordemos que el señor Cuéllar participó activamente en la pasada campaña política en la que fue elegido el gobernador Iriarte, como se puede apreciar en fotografías que los denunciantes adjuntaron a la protesta.

Los responsables. Expertos en estas materias sostienen que frente a este proceder, las juntas directivas de los terminales pueden haber incurrido en delitos como prevaricato, peculado de uso (eso para quienes representen entidades públicas) y abuso de confianza, al tomar decisiones sobre el programa de seguridad vial cuya vigilancia y control corresponde a la Superintendencia de Transporte.

Por otro lado, los particulares que contribuyan a la comisión de delitos con sujeto activo cualificado, deben responder en su calidad de intervinientes, como si fueran servidores públicos.

La Barca estableció que el Superintendente de Puertos y   Transporte le ha hecho llegar dos requerimientos a la Terminal, pero el gerente hace caso omiso, burlándose de la autoridad competente.

Al oído de la  señora Ministra. Le decimos, con el debido respeto, a la diligente doctora Cecilia Álvarez Correa, titular de la cartera de Transporte,  que es necesario que las terminales respeten  y acaten tanto al Ministerio como a  la Superintendencia y si no lo hacen, entonces que se proceda a su cierre.