Las alarmas sobre la situación carcelaria en Armenia, que se agravó tras ser declarada la cuarentena en la URI de la Fiscalía debido a un virus respiratorio, fueron prendidas por la Defensoría del Pueblo Regional Quindío.

La Secretaría de Salud de Armenia verificó las denuncias que había hecho la Defensoría del Pueblo sobre hacinamiento y problemas de salud, y ordenó el cierre de la URI, en donde se tiene una capacidad para 8 internos y el pasado viernes había 26. En la actualidad hay 17 internos, a quienes les suministran medicamentos. Los fiscales que trabajan en el primer piso de la URI fueron trasladados a otras oficinas del Cuerpo Técnico de Investigaciones, CTI, en el mismo edificio.

A esta situación se suma que la cárcel de San Bernardo está cerrada. Allí hay cupo para 280 internos y llegó a tener 950. En la actualidad hay 620, ya que no se reciben más detenidos. La cárcel de mujeres Villa Cristina también está cerrada. Así como la de Peñas Blancas, en Calarcá, en donde no se admiten internos después de una acción de tutela de uno de ellos. Aquí hay 1.100 internos y deberían estar 980.

La Defensoría Regional del Quindío había ganado una acción de tutela en la que se ordenó al Inpec ubicar en centros carcelarios a los sindicados, quienes no debían permanecer durante más de 48 horas en la URI de la Fiscalía, la Sijín o el CAI Santander de Armenia.

Esta tutela fue fallada el 23 de diciembre de 2013 por el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Armenia, que ordenó brindar condiciones dignas de las personas privadas de la libertad, y fue confirmada en segunda instancia por la Sala Penal del Tribunal Superior de Armenia, el 29 de enero de este año.