El jefe del ente de control manifestó la importancia de garantizar medidas que faciliten la participación política de las mujeres
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El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, en carta a los ponentes en la Cámara de Representantes del Acto Legislativo que crea las Circunscripciones Especiales Transitorias de Paz expresó su preocupación frente al texto que limita la participación de los habitantes residentes en cabeceras municipales castigadas por la violencia, y resaltó la importancia de garantizar medidas que faciliten la participación política de las mujeres.
Sobre estas garantías el jefe del ente de control señaló que el texto carece de medidas específicas afirmativas, como quedó establecido en los compromisos del Acuerdo de Paz, por lo que propuso que para abrir estos espacios, la mitad de los candidatos en estas circunscripciones sean mujeres.
“Es adicionalmente, una medida afirmativa necesaria, especialmente en las zonas rurales en donde la desigualdad en el acceso a los derechos y en especial a la participación política es superior a la situación que se vive en las ciudades”.
Frente al tema de la exclusión de las cabeceras municipales que hacen parte de las Circunscripciones Especiales Transitorias de Paz para habilitar puestos de votación exclusivamente en las áreas rurales, el Procurador General calificó esta restricción como “altamente inconveniente”.
"La eliminación de la votación en las cabeceras municipales genera un alto riesgo a la participación de la población en las zonas más afectadas por el conflicto y el abandono institucional, en especial población rural y víctima dificultando el proceso de inclusión política para estas poblaciones y territorios”, precisó el Procurador, quien resaltó la conveniencia de retomar la fórmula de excluir únicamente las cabeceras con más de 50 mil habitantes.
Por último, Carrillo Flórez solicitó que para facilitar la acreditación de la condición de víctimas de las personas que se inscriban en las listas de las circunscripciones especiales se habilite al Ministerio Público, que tiene una más amplia presencia territorial, para que certifique esa condición con base exclusivamente en la información del Registro Único de Víctimas de la Unidad de Víctimas.
El Procurador General invitó a los ponentes a tener en cuenta estas preocupaciones con el fin de eliminar las restricciones a la participación política, y adoptar medidas que promuevan la intervención de la mujer.