Los problemas no se solucionan aumentando las penas de los delitos o creando nuevas conductas delictivas.

Comenzando el pasado mes de abril, el fiscal Eduardo Montealegre le manifestó a EL NUEVO SIGLO que estaba intensado en evaluar los avances y falencias del Código de Procedimiento Penal y así determinar las reformas que se pueden plantear sobre el tema.

“Ahí hay un desarrollo muy importante, que es el acto legislativo de lo que han llamado la desmonopolización de la acción penal”, dijo.

“¿En qué consiste esto? Que la Constitución da la posibilidad actualmente de que las víctimas puedan ejercer directamente la acción penal ante los jueces. Es decir, la existencia de acusadores privados que debe ser básicamente para pequeñas causas”.

“Por eso ahí hay un proyecto de reforma al Código de Procedimiento Penal que está liderando el ministro de Justicia, el doctor Juan Carlos Esguerra, y ahí habrá un trabajo coordinado entre el Ministerio de Justicia y la Fiscalía General de la Nación. Y lógicamente con el Congreso de la República, donde ya hay unas propuestas muy interesantes para discutir sobre ese tema. Inclusive hay una propuesta que acaba de presentar un senador del Polo Democrático y que se entraría a discutir”, precisó entonces Montealegre.

Castigos vs. Procedimientos

Habitualmente entre las leyes inútiles y las de coyuntura, como lo ha rastreado este Diario, hay no pocas iniciativas del llamado populismo punitivo (que aspira a solucionar los problemas de la sociedad aumentando las penas de los delitos o creando nuevas conductas delictivas).

Aunque esa inclinación no ha cambiado sustancialmente, un reciente estudio mostró un interesante porcentaje de propuestas de reformas procedimentales.

Los siguientes puntos son conclusiones del “seguimiento legislativo en materia penal”, incluidas en un documento de la corporación Excelencia en la Justicia, publicado en febrero pasado con cifras de 2011.

• Pese a la tradicional preeminencia de los proyectos que modifican el código sustancial penal, en las últimas dos legislaturas se presentaron importantes reformas al régimen procesal, materializadas en las leyes de seguridad ciudadana, estatuto anticorrupción y, especialmente, en la reforma constitucional para la desmonopolización penal; que podría ser quizás la reforma más importante en los últimos años, sólo comparable con el acto legislativo 03, sancionado hace casi 10 años, y con el cual dio vida al sistema penal acusatorio.

• De allí la importancia que su puesta en marcha deba realizarse con la seriedad debida, evitando aquellos errores cometidos en el sistema penal acusatorio. Esta seriedad se traduce en un cuidadoso diseño de la ley que regulará el acto legislativo (en la cual debe darse cabida a los actores regionales y a la sociedad civil); en la adecuación de los modelos de gestión de las entidades; en la elaboración de un plan de socialización a la ciudadanía; en la disponibilidad de recursos para la implementación; en la formulación de indicadores y ajuste de los sistemas de información para poder realizar el seguimiento de la ley; entre otras.

• Durante la legislatura 2010-2011 el protagonismo lo tuvieron proyectos de ley ordinaria, mientras que en lo que va corrido de la legislatura 2011-2012 cobraron protagonismo los proyectos de acto legislativo. Así, en este último periodo se hundió el proyecto de cadena perpetua, se culminó el trámite para la desmonopolización de la acción penal y la delegación de la acusación de aforados y se presentó el proyecto de acto legislativo para la reforma constitucional a la justicia.

• Varias de las reformas fueron impulsadas o contaron con el pronunciamiento de la Fiscalía, el Gobierno Nacional y la Procuraduría. En cambio, se extrañó una participación más activa del Consejo Superior de la Judicatura y la Defensoría del Pueblo, entidades que reciben buena parte de los impactos de los últimos proyectos aprobados y en curso.

• Buena parte de los proyectos de ley presentados, ponen en manos de la ley penal conflictos que podrían resolverse por otras vías menos severas y más eficientes. Asimismo, se encuentran varias iniciativas que se limitan a tipificar, con un mayor grado de especialidad, conductas que actualmente pueden enfrentarse con los tipos penales vigentes.

• No escapan de la agenda legislativa los proyectos motivados en el llamado populismo punitivo. El más representativo de ellos fue el referendo de cadena perpetua, cuyo impulso se centró más en las emociones que produce en la sociedad la comisión de crímenes atroces contra niñas, niños y adolescentes; que en argumentos de política criminal que sustentaran el impacto que esta reforma tendría en la prevención y eficacia de la investigación, juzgamiento y sanción de esos delitos.

• En el periodo de estudio es destacable la reactivación del Consejo de Política Criminal, que durante tantos años estuvo dormido, lo que permitió que reformas dañinas para el sistema penal fueran aprobadas. Esta reactivación vino acompañada de la conformación de un comité de expertos en febrero de 2010, que lleva varios meses trabajando en una propuesta de lineamientos para el diseño de la política criminal en el país y que además ha apoyado el estudio de algunos proyectos de ley de especial trascendencia, como fue el caso de la cadena perpetua.

Con todo, aún es mucho lo que falta por hacer para que el Consejo de Política Criminal sea un verdadero órgano de articulación y planeación de la política criminal. Ello demandará de medidas como la articulación y promoción de estudios sobre criminalidad y justicia en universidades y centros de pensamiento; la articulación con otras instancias de coordinación relacionadas (v.gr. El Consejo Nacional de Policía Judicial y la Comisión Interinstitucional de Seguimiento al Sistema Penal Acusatorio); la vinculación de actores distintos al sistema judicial, para avanzar en una política criminal que articule la prevención y la represión; una mayor periodicidad de sus sesiones; y la creación de una instancia de carácter técnico que apoye la toma de decisiones. Para esto último se requiere del fortalecimiento al interior de las entidades de las funciones relacionadas con el diseño de la política criminal y seguimiento legislativo. Ello, debido a que muchas de las veces este tipo de instancias fallan, no por la falta de voluntad de sus miembros, sino porque quienes fungen como delegados tienen a su cargo muchas otras funciones, que impiden dedicar el tiempo necesario para atender a actividades distintas a la asistencia a reuniones interinstitucionales.