En riesgo estarían 540 hospitales públicos del país ya que, al parecer, los planes de saneamiento fiscal que implementa el Gobierno Nacional, conllevarán a una insolvencia social.

En ello coincidieron la Federación Nacional de Departamentos, la Federación Colombiana de Municipios y la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos (Acesi).

Los tres organismos cuestionaron “la forma como el Gobierno Nacional ha propuesto enfrentar el problema de mejoramiento en el desempeño de los hospitales públicos del país”.

Indicaron que en la amenaza de liquidación, por lo menos la mitad de estos hospitales tienen un recaudo efectivo que no alcanza a cubrir sus compromisos de gasto en 2012.

“En promedio de cada 100 pesos facturados, solo se recaudaron 61 pesos, esto sin considerar la multiplicidad de causas alrededor de los procesos contractuales de compraventa de servicios”, se lee en el documento.

Decisión “inapropiada”

Al poner un ejemplo, acudieron a “las irrisorias tarifas a las que se les contratan los servicios capitados en los niveles básicos de atención en hospitales públicos”.

Por ello calificaron como “inapropiada” la propuesta de la Dirección General de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda al argumentar que “como solución, se obliga a los hospitales a aplicar reglas de ajuste fiscal, que se cuestionan en su finalidad, metodología y resultados esperados, con las que se busca conseguir una solvencia financiera que conduce a provocar una insolvencia social de los hospitales públicos colombianos”.

La preocupación se basa en que el Gobierno Nacional considere que ante la crítica situación de los hospitales públicos, “la solución se reduzca a planes de saneamiento fiscal y financiero, como si la única causa se pudiese endilgar a una generalización, que advierten inapropiada, de una deficiente gestión de los hospitales”.

Argumentan que “desconocen el contexto de responsabilidad de otros actores del sistema en el ineficiente flujo de recursos que a diario les pone en riesgo de supervivencia, para terminar amenazando la red pública de hospitales con su  fusión, liquidación o intervención”.

En consideración de los tres organismos dicho panorama de ajuste “aparece como si su solvencia financiera dependiera únicamente de su propia capacidad de cobro, sin considerar que la voluminosa deuda y las limitaciones de recaudo efectivo, dependen de manera importante tanto de las EPS como de las entidades como la Superintendencia de Salud”.

Otras soluciones

Aducen que dichas entidades son las encargadas de hacer cumplir la reglamentación vigente en materia de pagos a la red de hospitales, por ello, para las entidades territoriales “es inapropiado poner en marcha este tipo de solución basada únicamente en el ajuste fiscal”.

Al tiempo que consideran su aplicación “socialmente incorrecta”, desde una perspectiva de garantía de acceso a servicios de salud, la salud de la población.

Es así que los voceros de los entes territoriales y las Empresas de Servicio del Estado indicaron la inconveniencia “de que el Gobierno Nacional aplique a los hospitales mediante el mismo programa de ajuste  fiscal, que viene aplicando hace una década a las entidades territoriales, para que simplemente ajusten sus gastos a lo que recaudan por la venta de servicios, dado que irremediablemente esta solución pasa por el ajuste de la oferta de servicios que ofrecen los hospitales a sus comunidades”.

El llamado, según los tres organismos “es a revisar la finalidad, metodología y resultados esperados de la estrategia de ajuste fiscal y financiero que ordenara la ley y que se puso en práctica por la DAF en el Ministerio de Hacienda”.