Que hay crisis en el sistema de salud es algo que ya nadie discute. Pero como siempre en estos casos, en que todo es según el color del cristal con que se mira, los debates se generan en torno al diagnóstico de sus orígenes, características y soluciones.

Pero ahí está el detalle: mientras no hay acuerdo entre quienes creen que hay que aplicar las normas existentes, modificarlas o derogar completamente la ley 100, los pacientes siguen padeciendo por ser tratados como clientes y no como personas.

En una carta enviada al presidente Juan Manuel Santos, el secretario de Salud de Bogotá, Guillermo Jaramillo, asegura que la situación exige medidas inmediatas que permitan un cambio de fondo en las estructuras de un modelo que se mostró ineficaz a nivel nacional. Jaramillo advirtió que pretende que la crisis en el sector sea atendida en una forma oportuna.

Para algunos analistas, el pedido hecho desde diferentes sectores para que se cambie el Sistema de Salud en Colombia no tiene que ver directamente con la crisis que en la actualidad sufre el sector. Desde hace años se ha venido planteando la necesidad de modificar el modelo, pasando, entre otras, por la eliminación de las EPS y que los recursos para el pago de los servicios sean girados directamente por parte del Estado a los hospitales.

La Salud sigue enferma. Por lo menos ese fue el dictamen durante la segunda sesión del debate sobre la crisis del sector, adelantado esta semana por parte de la plenaria del Senado, durante el cual la contralora Sandra Morelli presentó un informe sobre las investigaciones que su despacho adelanta por el carrusel en la Salud.

Según lo denunciado por Morelli, en los hallazgos fiscales que hasta el momento ha ido adelantando la entidad, se encuentran involucradas EPS como Saludcoop, Famisanar, Nueva EPS, Solsalud y Caprecom, entre otras. Sin contar los procesos de responsabilidad fiscal que contra el Fosyga se adelantan.

Aunque por ahora no se ha entregado una cifra general respecto al detrimento fiscal ocasionado por el carrusel de la Salud, la Contralora sugirió al Gobierno y al Congreso revisar la posibilidad de reformar el Sistema de Salud, pues “el actual modelo permite una fuga de recursos”, señaló.

Agregó que “entidades privadas, encargadas de administrar los presupuestos de la Salud en Colombia, han desviado cerca del 50 por ciento de los 40.000 millones de pesos del presupuesto para el sector”.

Sin embargo, el propósito del Gobierno nacional es buscar salidas a la crisis de la Salud, pero conservando el actual Sistema que implementó la Ley 100 de 1993.

En ese sentido, la ministra de Salud Beatriz Londoño, dijo que “el Sistema tiene dificultades pero ha hecho avances. Tenemos dificultades en el flujo de recursos, que es lo más notorio para la mayoría de las personas”, aunque desechó “devolvernos a lo que teníamos a finales de los 80, un Sistema Nacional de Salud donde la prestación de servicios para la gente de bajos recursos era sólo en hospitales públicos, en los cuales no había ni implementos, donde la gente tenía que llevar los insumos”.

 

Congreso

 

Precisamente el Congreso ha sido el escenario para el debate de esta problemática.

Ayer el senador vallecaucano Mauricio Ospina, del Polo Democrático, reafirmó que la crisis estructural del Sistema General de Seguridad Social en Salud es un hecho público y notorio constatado por la ciudadanía, los diferentes actores del sistema, el Congreso, la Contraloría, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, las Veedurías Ciudadanas, la Corte Constitucional y el propio Gobierno Nacional.

Para Ospina, “una de las principales causas de la crisis del sistema es la ausencia de una efectiva inspección vigilancia y control en cabeza del Estado”.

Pero los peros no solo los saca a relucir la oposición. El presidente del Congreso Juan Manuel Corzo, del Partido Conservador, denunció que en la mayor parte de los departamentos colombianos los altos niveles de corrupción originan una mala prestación de los servicios asistenciales en la red hospitalaria y mantiene en una permanente crisis la salud de los colombianos.

Corzo, con base en un informe de la Contraloría, le pidió al Ministerio de Salud y a los organismos de control fiscal se establezca el manejo de 28 billones de pesos correspondientes a la vigencia 2010, de los cuales 13,3 billones fueron destinados para el régimen contributivo y 7,3 billones para el régimen subsidiado.

"Los colombianos requerimos de muchas explicaciones en torno al tema de salud, de la inversión pública en este sector y las transferencias hechas por el gobierno nacional a los entes territoriales y a las firmas responsables de la prestación de la salud publica en Colombia", señaló el senador Corzo, a tiempo que resaltó que "mientras las entidades territoriales hacen millonarios depósitos en entidades financieras de bajo perfil y las EPS realizan millonarias inversiones en negocios de finca raíz, pagan honorarios de abogados, compran hoteles y centros de recreación con recursos de la salud, la mortalidad infantil crece en Colombia. La mortalidad materna y la gente se muere en las puertas de los hospitales por desatención en el llamado paseo de la muerte".

"Es lamentable lo que está pasando con la salud en Colombia: 15 hospitales intervenidos, 9 EPS y 4 IPS privadas intervenidas y ad- portas de ser liquidadas todas ellas pertenecientes a Cajas de Compensación. Sostuvo, a renglón seguido que en la lista de entidades intervenidas, figuran Clínica de Manizales, Salud Colombia, del Valle del Cauca, Saludcoop, EPS OC, Salud Cóndor, Humana Vivir, Famisanar, Cafesalud, Caprecom, salud vida, Comfenalco Tolima y Comfenalco Nariño y sostuvo que cerca de 30 millones de personas se hallan vinculadas en las entidades intervenidas.

Igualmente, denunció que en el régimen contributivo "se pagan créditos de capital e intereses de las EPS, se realizan operaciones de leasign y compraventa de inmuebles; se cancelan honorarios de abogados por gestiones relacionadas con la prestación de los servicios de salud, se hacen aportes a campañas políticas e inversiones multimillonarias en el extranjero e inversiones de finca raíz con recobros indebidos".

Al presentar tan graves acusaciones, el legislador pidió que el Congreso de la republica designe una comisión de seguimiento para hacer seguimiento al sector de la salud.

Finalmente, en el caso específico de la salud en Norte de Santander, Corzo denunció que un mismo señor ha hecho grandes negocios con la prestación del servicio de ambulancias y aberrantes contrataciones como compra de equipos.

"En Norte de Santander toda la red pública se la robaron y los medicamentos que se venden son de origen venezolanos, que se venden tres veces más caros queque valen en Colombia y el 57 por ciento de los pacientes tienen que llevar los medicamentosa los hospitales," concluyó Corzo.

La senadora vallecaucana Dilian Francisca Toro, del Partido Social de Unidad Nacional (La U), manifestó que la ley entregó unas herramientas importantes al Ministerio de la Salud y al Gobierno para que pudieran mejorar el sistema. “Llevamos apenas un año de esa ley. Solamente estamos haciendo la reglamentación”.

Toro aseguró que se deben tomar los correctivos que puede que estén contenidos en la ley, pero que aún no se han logrado implementar. “El tema importante allí es el de poder mejorar, que la gente se sienta bien y que sea bien atendida con calidad y oportunidad”.

“El tema aquí no es criticar uno u otro actor. Son todos los actores. Los alcaldes le deben 1,2 billones a las EPS. Y las EPS le deben eso mismo a los hospitales públicos o más”.

Preguntada por EL NUEVO SIGLO su se requería otra reforma, Toro sostuvo que “la reforma a la salud ya la hicimos y es una reforma integral a la salud. Lo que pasa es que apenas se está reglamentando”.

“Y yo creo que dentro de lo que ha hecho el Gobierno me parece que es muy interesante que lo haya hecho rápidamente. Por ejemplo, lo que se reglamentó sobre giro directo está funcionando y eso le da flujo y le da por supuesto mayores posibilidades financieras a los hospitales y a las clínicas. Se dieron unos recursos muy importantes el año pasado para los hospitales. Todavía falta mucho. Se adecuó el POS. Falta actualizar más, pero se actualizó bastante el Plan Obligatorio de Salud que hace tiempo no se actualizaba. Entonces yo creo que eso se va a ir dando”, dijo.

Y agregó: “Esa ley la hicimos. Lo que pasa es que está reglamentándose. El Gobierno ha sido bastante acucioso en el tema de reglamentación y no se puede reglamentar de un momento a otro, pero sí se ha venido haciendo”.

En esa reforma, explicó, “tocamos uno a uno los puntos más álgidos y problemáticos que tiene la ley 100. ¿Y qué más vamos a hacer? Tendríamos que cambiar el sistema. Si queremos volver a lo que estaba antes del 93, antes de la ley 100, pues ahí sí tendríamos que volver a hacer una nueva ley. Pienso que ya hicimos una ley que primero hay que ponerla en práctica, ponerla a funcionar para poder nosotros pensar en otras cosas”.

 

Unificación del POS

 

El presidente Santos confirmó la semana pasada que a partir del 1 de julio arranca la unificación del régimen contributivo y subsidiado en el Plan Obligatorio de Salud (POS).

“Al inicio del Gobierno nos comprometimos a que en el año 2013 habríamos unificado el Plan Obligatorio de Salud para todos los colombianos, sin importar su capacidad de pago. Esta unificación es clave para lograr un país más equitativo y con menos pobreza y en un trabajo conjunto entre los  ministerios de Salud, Hacienda y la Comisión de Regulación en Salud, CRES, se asegura que esto va a ser una realidad, porque hoy estamos cumpliendo esa meta con más de un año de  adelanto” dijo Londoño.

La ministra Londoño aseguró que desde 1 de julio de 2012, todos los colombianos tendrán el mismo POS. “Con esto unificamos el plan obligatorio de salud de los colombianos que faltaban. 11.444.937 personas entre 18 y 59 años que pertenecen al régimen subsidiado, ahora todos los colombianos contarán con los mismos beneficios del régimen contributivo, porque el Gobierno ha venido haciendo la unificación de manera progresiva” añadió la Ministra.

“Las EPS deben prepararse y contratar la red de prestadores del servicio que permita hacer efectiva la atención en salud a los colombianos” precisó Londoño.

“Más que el anuncio, lo que queremos es que esto se consolide y que pueda ser puesto en marcha porque lo que una persona necesita, independiente de su capacidad de pago, es tener acceso oportuno a la atención efectiva” expresó la ministra Londoño.

“La unificación es un tema de equidad. Ahora todos los colombianos van a poder acceder al mismo plan de beneficios, a  las mismas tecnologías, tratamientos, medios de diagnóstico e intervenciones. Es decir, que las actividades, procedimientos, intervenciones y medicamentos de los afiliados al régimen subsidiado serán iguales a los del plan de beneficios del régimen contributivo, una muy buena decisión en términos de equidad” dijo la titular de la cartera de Salud.

Esta medida implica para el Gobierno Nacional un enorme esfuerzo fiscal, con una inversión mensual de 120.000 millones de pesos, está garantizada su financiación en el marco fiscal de mediano plazo (año 2022).

 

Saludcoop

 

Para que respondan por posibles irregularidades al desatender las instrucciones que debían observar en la formulación de recobros y por probablemente apropiarse de recursos públicos en provecho propio, la Procuraduría citó a audiencia pública al cuerpo directivo y miembros del Consejo Directivo de Saludcoop.

En la audiencia que iniciará el lunes 4 de junio de 2012, el procurador segundo delegado para la Vigilancia Administrativa, Fernando Brito, escuchará en versión libre a Carlos Augusto Palacino, en su condición de representante legal de Saludcoop; Carolina Lamus, en su condición de vicepresidenta administrativa y como miembro de la Junta Administradora de Epsifarma; y Javier Mauricio Sabogal, vicepresidente financiero, representante legal suplente y apoderado general de Saludcoop.

A la investigación también fueron vinculados los miembros del Consejo de Administración de Saludcoop para el periodo comprendido entre el 2009 y el 2011, tanto principales como suplentes: Gabriel Franco, Juan Carlos Restrepo, René Cavanzo, Carlos Julio Mora, William Buitrago, Alberto Castro, Fernando Noguera, Ana María Piñeros, Beatriz Giraldo y Gloria Lucía Quiroz.

El Ministerio Público explicó que Saludcoop EPS tiene a su cargo el manejo de recursos del Sistema de Seguridad Social, particularmente en el régimen contributivo, los cuales, de acuerdo con pronunciamiento de la Corte Constitucional, son rentas de naturaleza parafiscal que comportan contribuciones obligatorias de naturaleza pública.

Por lo anterior, a cargo de los investigados estaba la administración y buen manejo de los recursos públicos de la salud que el Fondo de Solidaridad y Garantía entregó en administración a esta EPS, motivo por el cual debían velar para que fueran utilizados con los fines sociales para los que estaban destinados.

Para el órgano de control como todos los acusados intervenían en el manejo de los recursos, de conformidad con el artículo 53 del Código Disciplinario Único les cabe responsabilidad disciplinaria por los hechos irregulares.

De acuerdo con las pruebas recaudadas, los investigados al parecer incurrieron en faltas gravísimas al realizar recobros al Fosyga por medicamentos, servicios médicos o prestaciones excepcionales en salud no POS y fallos de tutela, utilizando como soporte el pago de cheques girados, los cuales, según la auditoría forense, no fueron entregados a sus beneficiarios.

De lo anterior se concluyó que el Fosyga canceló cuentas de cobro que presentó a la EPS bajo el entendido de que los servicios facturados y cobrados ya habían  sido cancelados como lo exige la Ley para su devolución. No obstante se evidenció que la EPS no realizó los pagos soportados en los cheques, pero sí realizó los cobros al Fosyga.

Como prueba del no pago hay constancia de que contra la EPS cursan procesos judiciales de embargo por parte de las IPS cuyas cuentas de cobro aparecen como canceladas por el Fosyga, así como del análisis que hizo la auditoría forense de la contabilidad de la EPS.

Saludcoop realizó entre 2009 y 2010 un giro masivo de cheques con el que justificó el pago de los servicios referidos al Fosyga para obtener la devolución de dichos recursos, sin embargo, los cheques no fueron entregados a sus beneficiarios y fueron anulados al término de su vigencia.

Una vez cumplida la notificación, los particulares cuestionados podrán dar su versión de los hechos al inicio de la audiencia, a la cual podrán asistir solos o en compañía de abogado. De la misma manera, podrán pedir y aportar las pruebas que estimen indicadas para su defensa.