Así mismo, el Fiscal pidió rechazar el traslado del procesado a Santa Marta.
La solicitud de libertad provisional efectuada por la defensa de José Francisco Vives Lacouture, procesado por las presuntas irregularidades detectadas en el otorgamiento de subsidios del programa Agro Ingreso Seguro, AIS, fue negada por el Juzgado 63 Penal Municipal de Bogotá, con función de control de garantías, al acoger la petición del Fiscal 17 de la Unidad Nacional de Delitos contra la Administración Pública.
Al rebatir los argumentos de la defensa en el sentido de que Vives Lacouture no representa peligro para la sociedad y que más de 40 familias requieren de su presencia física para evitar la quiebra de actividades agrícolas en varios municipios del Magdalena, el fiscal del caso, Carlos Eduardo Castañeda, señaló que la instancia procesal para solicitar la revocatoria de la medida de aseguramiento ya se había surtido
El funcionario judicial señaló, además, que tanto el estado de salud mental del procesado como los riesgos en las actividades agrícolas debieron probarse ante la Juez 19 Penal Municipal, con función de garantías, quien inicialmente profirió la medida de aseguramiento.
Así mismo, el fiscal Castañeda pidió al juez negar el traslado de Vives Lacouture a Santa Marta, tras considerar que no fue anexado el dictamen de Medicina Legal sobre la claustrofobia presumiblemente padecida por esa persona.
“El defensor no presentó nuevos elementos de conocimiento que sustentaran levantar la medida de aseguramiento, y más parecía que estuviera sustentando los recursos de los cuales no hizo uso la defensa en su oportunidad”, concluyó el delegado del ente acusador.
Entre tanto, la Fiscalía General formulará imputación de cargos en contra de tres miembros de la familia Dávila Abondano y otros cuatro trabajadores de las empresas del grupo DABON, por su presunta responsabilidad en el escándalo de Agro Ingreso Seguro.
La determinación fue adoptada por un fiscal de la Unidad Nacional Anticorrupción quien coordina el proceso penal que se abrió por las graves irregularidades descubiertas en la entrega de subsidios por cerca de tres mil 900 millones de pesos del programa que era del Ministerio de Agricultura.
Esta decisión afecta a Alberto Francisco, Juan Carlos y Alfonso Dávila Abondano, quienes serán sindicados de los delitos de peculado por apropiación y falsedad en documento.
La audiencia pública había sido establecida en un principio para el 22 de noviembre pasado pero se suspendió y por ello fue reprogramada por un juez de control de garantías de Bogotá para el próximo 24 de enero.