Hizo un duro llamado de atención la juez al órgano de control fiscal por no revisar a las denuncias hechas por irregularidades.

Negó la juez 30 de conocimiento la solicitud presentada por la Contraloría General para que fuera tratada como ‘víctima’ al interior del proceso que se desarrolla contra ocho miembros de la familia Vives Lacoutere por el escándalo de Agro Ingreso Seguro (AIS).

Como “un despropósito” calificó la funcionaria judicial la petición, ya que los empresarios samarios ya devolvieron los 4.532 millones de pesos que habían recibido del programa, lo cual implica que no puede existir un prejuicio patrimonial, como alegaba la defensa del órgano de control.

Se presentaron asimismo durante la diligencia judicial repetidas críticas al rol de la Contraloría durante la observación y el control en la entrega de los subsidios millonarios, los cuales estaban destinados a los campesinos del país y resultaron en manos de familias adineradas y terratenientes.

“Si ustedes (Contraloría) hubiera cumplido con sus funciones no estaríamos aquí en estos procesos por estas multimillonarias irregularidades”, aseveró la juez.