Así lo anunció la defensa del exviceministro de Agricultura, para la cual se incumplieron e ignoraron los compromisos allegados con la Fiscalía en el proceso.

A causa de la condena de 10 años y tres meses de prisión que emitió la Fiscalía General contra el exviceministro de Agricultura Juan Camilo Salazar, u defensa estudia la posibilidad de echar para atrás los pactos hechos con la Fiscalía a cambio de información y testimonios contra otros involucrados en el escándalo de Agro Ingreso Seguro.

 

Dijo el abogado defensor de Salazar, Fabio Espitia, que la condena en contra de su cliente “desbordó” los términos a los que se había llegado con la Fiscalía cuando se llevó a cabo el preacuerdo mediante el cual se convirtió en “testigo clave” a cambio de una rebaja de pena por los delitos de peculado por apropiación a favor de terceros y celebración de contratos sin requisitos legales.

 

"La más preocupada tiene que ser la Fiscalía General de Nación porque de esa forma le quitamos cualquier instrumento público como es la negociación luego de esta condena”, dijo Espitia, y recordó que Salazar se había convertido en el principal testigo en los otros procesos penales entre los que se encuentran el del exministro Andrés Felipe Arias, tres exfuncionarios y los más de 50 beneficiarios que recibieron los multimillonarios subsidios de forma irregular.

 

Explicó además el jurista que el principio de oportunidad que se está negociando con la Fiscalía por el delito de interés indebido en la celebración de contratos está a punto de caerse, y que todo dependerá de la decisión que tome el Tribuna Superior de Bogotá respecto de la apelación presentada “ante esta alta condena”.

 

Dice Espitia que tienen que repensar si vale la pena que su cliente colabore con la justicia, toda vez que se dio el caso de haber establecido un acuerdo con ciertas condiciones y los jueces fallaron cosas totalmente diferentes, desconociendo dicha concertación.

 

“La pena contra el doctor Juan Camilo Salazar, tanto para la Fiscalía, que habló de 64 meses y la defensa que habló de 55 meses, desborda complemente los marcos jurídicamente establecidos”, señaló.

 

Reiteró igualmente el abogado sus críticas frente a la decisión del juez de conocimiento, señalando que no tuvo en cuenta el hecho de que su cliente “reconoció que hubo de parte de él un descuido, una imprudencia y que eso permitió que particulares se apropiaran de dineros del Estado", lo cual convierte el delito en doloso, y no en culposo.