Por su participación en las comprobadas irregularidades en la entrega de subsidios del programa Agro Ingreso Seguro, un Juez impuso una condena de 10 años y tres meses de cárcel, concediéndole el beneficio de que sea domiciliaria, y una multa de 149,7 salarios mínimos mensuales vigentes, al ex viceministro de Agricultura Juan Camilo Salazar.
Tras haber llegado a un acuerdo con la Fiscalía, el ex funcionario aceptó los cargos de peculado y contrato sin cumplimiento de requisitos legales, por lo cual le fue impuesta la mencionada condena y a cambio de convertirse en testigo de cargo, se acogió al principio de oportunidad en el delito de interés indebido en la celebración contratos.
El ex viceministro Salazar hacía parte de la cúpula del Ministerio de Agricultura durante parte del segundo mandato de la administración de Álvaro Uribe, y fue motivo de imputación de cargos penales por las comprobadas irregularidades en la asignación de subsidios en los rubros de distritos de Riego y Drenaje, al igual que varios de los beneficiarios que resultaron ser familias de terratenientes que dividieron grandes lotes para acceder a las ayudas estatales.
Cuando la Fiscalía hizo la imputación de cargos a los implicados, dijo sobre el ex viceministro Salazar que, como encargado de diseñar y poner en marcha el AIS, no cumplió con ninguna de las funciones asignadas, con el agravante de que antes de ejercer ese cargo trabajó para el Instituto Iberoamericano para la Cooperación Agrícola, IICA, con el que precisamente el Ministerio suscribió varios contratos para desarrollo tecnológico y publicidad.
En ese momento el fiscal encargado consideró esa conducta gravísima por considerar que no cumplió con la transparencia y el equilibrio en la contratación administrativa y que llevó a un detrimento en el patrimonio estatal de $241 mil millones.
Ayer la Juez del proceso manifestó, al justificar la condena contra Salazar, que “es claro que por parte del señor Salazar se dio la vulneración de los principios de elección objetiva y transparencia y que su comportamiento permitió el provecho de terceros de dineros del programa AIS, obteniendo beneficios para grandes agricultores y violando el sentido de este programa”.
Con Salazar, que quedó libre por vencimiento de términos el 16 de septiembre del año pasado, ya son tres los investigados que han negociado con la Fiscalía. Camila Reyes, ex directora de Comercio y Financiamiento de Minagricultura, y el ex director de Desarrollo Rural Javier Enrique Romero, quienes recibieron el principio de oportunidad, serán testigos contra sus ex compañeros y ex jefes, y por ello el ente acusador cesará las investigaciones en su contra.
De otra parte y dentro del proceso que también por Agro Ingreso Seguro le siguen al ex ministro de Agricultura Andrés Felipe Arias, ayer la magistrada María del Rosario González le concedió la razón a la defensa y decidió el aplazamiento de la audiencia preparatoria de juicio porque no se habían contestado 34 de los 38 derechos de petición radicados ante diferentes organismos, entre ellos la propia cartera de Agricultura, la Procuraduría y la Contraloría.
Previamente el abogado Jorge Aníbal Gómez, defensor de Arias, aseguró que el Ministerio de Agricultura ha ocultado evidencias que son indispensables para la defensa y anunció que interpondrá acciones penales.
De esta manera, sólo hasta el 5 de marzo será reanudada la audiencia previa al juicio oral.