El gobierno siguió manifestando su compromiso para los derechos humanos. Pese a ello, hubo pocas mejoras tangibles en la situación general de estos derechos. El largo conflicto armado interno siguió afectando sobre todo a los derechos humanos de la población civil, especialmente de los pueblos indígenas, las comunidades afrodescendientes y campesinas, los defensores y defensoras de los derechos humanos, los dirigentes comunitarios y los sindicalistas.

La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, sancionada por el presidente Juan Manuel Santos en junio, fue un paso importante para el reconocimiento de los derechos de muchas víctimas del conflicto y para la devolución de parte de los millones de hectáreas de tierras robadas, a menudo con violencia, a sus legítimos propietarios. Sin embargo, la persistencia tanto de los homicidios de quienes luchaban por la restitución de las tierras como de las amenazas contra ellos puso en peligro la aplicación de la ley.

El gobierno se comprometió a poner fin a la impunidad por los abusos contra los derechos humanos, y se hicieron avances en algunos casos emblemáticos. No obstante, las autoridades no garantizaron el procesamiento de la mayoría de los responsables, especialmente los de delitos sexuales contra mujeres y niñas. Suscitó preocupación la posibilidad de que los planes del gobierno de ampliar el ámbito de la jurisdicción militar perjudicaran los escasos avances realizados en la lucha contra la impunidad.

Durante las elecciones locales y regionales de octubre murieron violentamente más de 40 candidatos, una cifra considerablemente mayor que la de los comicios de 2007. Resultaron elegidos varios candidatos –algunos como gobernadores de departamentos– que, al parecer, mantenían estrechos lazos con políticos condenados o sometidos a investigaciones penales por vínculos ilegales con grupos paramilitares.

 

Conflicto armado interno

 

Los grupos guerrilleros, los paramilitares y las fuerzas de seguridad siguieron cometiendo delitos de derecho internacional tales como homicidios ilegítimos, secuestros o desapariciones forzadas, y desplazamientos forzados. Los habitantes de las zonas rurales, especialmente los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes y campesinas, fueron las poblaciones de mayor riesgo, así como quienes vivían en la pobreza en las zonas urbanas, los defensores y defensoras de los derechos humanos y los sindicalistas.

Según la Organización Nacional Indígena de Colombia, en los primeros 11 meses de 2011 murieron violentamente 111 indígenas.

La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras

 

La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras reconocía la existencia de un conflicto armado y los derechos de las víctimas. Disponía reparaciones para algunos sobrevivientes de abusos contra los derechos humanos, incluidos los perpetrados por agentes estatales. Sin embargo, se temía que muchas víctimas no podrían reclamar una reparación, y que no se devolverían aún a sus legítimos propietarios extensiones significativas de tierras robadas.

También suscitaba preocupación la posibilidad de que algunas personas retornadas se vieran obligadas a ceder el control de sus tierras a los causantes de su desplazamiento forzoso.

Se siguió amenazando y matando a dirigentes de comunidades desplazadas y a personas que pedían la devolución de las tierras robadas.

 

Fuerzas de seguridad

 

En la primera mitad de 2011 se tuvo noticia de al menos 17 ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros de las fuerzas de seguridad, en las que se presentaba falsamente a las víctimas como

“miembros de la guerrilla muertos en combate”.

Aunque esta cifra suponía un aumento respecto a 2010, seguía siendo muy inferior a la de 2008, año en que se registraron cerca de 200 de estas muertes.

La mayoría de las miles de ejecuciones extrajudiciales cometidas en el curso del conflicto, incluidas las que investigaba la Fiscalía General de la

Nación, siguieron sin resolverse.

 

 

Guerrilleros

 

Las FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), de menor tamaño, cometieron abusos graves contra los derechos humanos y violaciones del derecho internacional humanitario tales como homicidios ilegítimos, toma de rehenes, desplazamientos forzosos y reclutamiento de menores de edad.

Según cifras gubernamentales, en los 10 primeros meses del año murieron 49 miembros de las fuerzas de seguridad y 20 civiles, y resultaron heridas centenares de personas a causa de minas terrestres antipersonal desplegadas principalmente por las FARC.

Según las estadísticas oficiales, hubo 305 secuestros en 2011, frente a 282 en 2010. En su mayor parte se atribuyeron a bandas de delincuentes, aunque los grupos guerrilleros fueron responsables de la gran mayoría de los secuestros relacionados con el conflicto.

 

 

Paramilitares

 

A pesar de su supuesta desmovilización, los grupos paramilitares, calificados de “bandas criminales” (“Bacrim”) por el gobierno, siguieron ampliando su presencia e influencia territorial. En febrero, el entonces ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras, reconoció que las Bacrim tenían el control territorial de muchas partes del país, tanto en zonas urbanas como rurales. Se recibieron informes según los cuales un número creciente de paramilitares actuaban en zonas en las que había una presencia significativa de las fuerzas de seguridad.

Los paramilitares, en ocasiones con la connivencia o aquiescencia de las fuerzas de seguridad, siguieron cometiendo violaciones graves de derechos humanos, como homicidios y desapariciones forzadas, y realizando operaciones de limpieza social en barrios urbanos pobres. Sus víctimas fueron principalmente sindicalistas, defensores y defensoras de los derechos humanos y dirigentes comunitarios, así como miembros o representantes de comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas.

 

 

Justicia y Paz

 

Hubo pocos progresos en el proceso de Justicia y Paz. Iniciado en 2005, el proceso permitía que alrededor del 10 por ciento de los más de 30.000 paramilitares presuntamente desmovilizados se beneficiase de una reducción de las penas de prisión a cambio de confesar violaciones de derechos humanos. El 90 por ciento restante recibió amnistías de facto. Al finalizar el año, sólo 10 paramilitares habían sido declarados culpables en aplicación del proceso y la mayoría de ellos tenían recursos pendientes contra sus condenas.

En febrero, la Corte Constitucional declaró constitucional la Ley 1424, que pretendía conceder amnistías de hecho a decenas de miles de paramilitares de base supuestamente desmovilizados, a cambio de que firmaran el denominado Acuerdo de Contribución Histórica a la Verdad y la Reparación.

 

 

DAS

 

El 31 de octubre, el gobierno desmanteló el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), servicio civil de inteligencia. El DAS había actuado bajo la autoridad directa del presidente y había estado envuelto en un escándalo de “juego sucio” ilegal que incluía amenazas, homicidios, seguimientos y escuchas ilegales contra activistas de derechos humanos, políticos, jueces y periodistas, principalmente durante el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2010). El DAS fue sustituido por la Dirección Nacional de Inteligencia.

Varios altos cargos del DAS seguían sometidos a investigación por su implicación en el escándalo; otros ya habían sido condenados. Sin embargo, una ex directora del DAS, María del Pilar Hurtado, siguió eludiendo la justicia; en 2010 obtuvo asilo en Panamá.

 

Defensores de DH

 

Los homicidios, las amenazas, la persecución judicial y el robo de información confidencial sobre casos siguieron menoscabando la labor de los activistas de derechos humanos.

A lo largo del año perdieron la vida de forma violenta al menos 29 sindicalistas y más de 45 defensores y defensoras de los derechos humanos y dirigentes comunitarios, muchos de los cuales trabajaban en cuestiones relacionadas con las tierras.

El 23 de agosto, Walter Agredo Muñoz, miembro de la seccional de Valle del Cauca del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, y Martha Giraldo, del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE), recibieron una amenaza de muerte en un mensaje de texto, en el que se les acusaba de ser comunistas y miembros de las FARC. En el mensaje se enumeraba a varias ONG de derechos humanos, sindicatos y organizaciones de afrodescendientes e indígenas.

 

Impunidad

 

Hubo avances en un número limitado de casos clave de derechos humanos.

La impunidad persistió en la gran mayoría de los casos, exacerbada por los homicidios de testigos, abogados, fiscales y jueces, así como por las amenazas contra ellos.

El 28 de abril, una jueza condenó al general retirado Jesús Armando Arias Cabrales a 35 años de prisión por su participación en la desaparición forzada de 11 personas en noviembre de 1985, después de que el ejército irrumpiera en el Palacio de Justicia, donde el grupo guerrillero M-19 retenía a varios rehenes. Tanto el gobierno como el alto mando militar criticaron públicamente las condenas de Jesús Armando Arias Cabrales y del coronel retirado Luis Alfonso Plazas Vega, condenado en 2010 a 30 años de prisión en el mismo caso. El general retirado Iván Ramírez Quintero, acusado formalmente de una de las desapariciones, fue absuelto en diciembre.

 

Violencia contra mujeres y niñas

 

Las defensoras de los derechos humanos y las dirigentes comunitarias, especialmente las que trabajaban en cuestiones relacionadas con las tierras, fueron víctimas de amenazas y homicidios.

También hubo amenazas contra organizaciones de defensa de los derechos humanos de las mujeres, especialmente las que trabajaban con mujeres desplazadas y sobrevivientes de violencia sexual.

El gobierno se comprometió a combatir la violencia sexual contra mujeres y niñas relacionada con el conflicto, pero el problema seguía siendo generalizado y sistemático. El cumplimiento por el gobierno de las sentencias de la Corte Constitucional sobre esta cuestión, especialmente el Auto 092 de 2008, siguió siendo deficiente. La impunidad por estos crímenes continuaba siendo significativamente superior que por otros tipos de abusos contra los derechos humanos. Sin embargo, en diciembre se declaró a un paramilitar culpable de delitos sexuales relacionados con el conflicto, la primera sentencia condenatoria de este tipo en el proceso de Justicia y Paz.

 

Ayuda de EU

 

La ayuda estadounidense a Colombia siguió disminuyendo. En 2011, Estados Unidos asignó a Colombia alrededor de 562 millones de dólares en concepto de ayuda militar y no militar. Esta suma incluía 345 millones para las fuerzas de seguridad, de los que 50 millones estaban destinados a las fuerzas armadas. La entrega del 30 por ciento de estos 50 millones dependía del cumplimiento, por parte de las autoridades colombianas, de determinadas condiciones en materia de derechos humanos. En septiembre de 2011, las autoridades estadounidenses determinaron que el gobierno colombiano había hecho avances significativos en la mejora de la situación de los derechos humanos, y autorizaron el pago de unos 20 millones de dólares de la partida presupuestaria de 2010 destinada a ayuda a la seguridad.

En octubre de 2011, el gobierno estadounidense ratificó el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Estados Unidos y Colombia, pese a la oposición de las organizaciones sindicales y de derechos humanos, que expresaron su preocupación por la seguridad de los dirigentes y activistas sindicales en Colombia y por el impacto que el Tratado podría tener en los pequeños agricultores, los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes.

 

América Latina, en las mismas

 

La agenda de los derechos humanos registró avances en América Latina, aunque sigue sufriendo fuertes bloqueos cuando topa con "poderosos intereses" o pone en tela de juicio "políticas de desarrollo" que provocan marginación social, sostuvo ayer Amnistía Internacional.

"La demanda de respeto a los derechos humanos se hizo oír en toda la región durante 2011: en los tribunales nacionales, en el sistema interamericano y en las calles", afirmó la organización establecida en Londres en su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo.

Pero estas peticiones de justicia "a menudo condujeron a quienes las realizaban al enfrentamiento directo con poderosos intereses económicos y políticos", agregó denunciando amenazas o incluso abusos contra las mismas personas que denunciaban las violaciones en varios países.

Incluso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un órgano autónomo que depende de la Organización de Estados Americanos (OEA), fue criticada por algunos Estados que la acusaron de injerencia.

Brasil, por ejemplo, retiró a su embajador ante la OEA después de la CIDH le pidiera, sin éxito, que suspendiera la construcción de la polémica hidroeléctrica de Belo Monte --destinada a ser la tercera más grande del mundo-- y que consultara a los pueblos indígenas afectados por las obras que deben continuar hasta 2019 en el estado de Pará.

Porque otra de las tendencias que denuncia Amnistía en su informe es un incremento directamente proporcional entre los abusos que sufren las comunidades indígenas y las iniciativas para explotar recursos en la región.

En este sentido, Amnistía elogia la histórica ley aprobada en Perú que obliga a consultar con estas comunidades antes de llevar a cabo labores extractivas en su territorio.

En el dominio de la impunidad, algunos gobiernos, especialmente en México, pero también en otros países centroamericanos, en Venezuela y Brasil, también "siguieron explotando motivos legítimos de preocupación sobre la seguridad pública" para ignorar atropellos contra los derechos humanos cometidos por las fuerzas armadas en el marco de la lucha contra el crimen, denunció Amnistía.

Las comunidades más pobres y marginadas fueron generalmente las más expuestas a esos abusos, señaló.

Otros grupos vulnerables fueron los migrantes, en particular los centroamericanos que atraviesan México rumbo a Estados Unidos, así como las mujeres y las niñas, a quienes a menudo se les niega la protección de la ley.

A pesar de todo, la organización señala avances "significativos" en el enjuiciamiento o la investigación de las violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado, como la condena dictada contra el excapitán de la marina Alfredo Astiz por crímenes, torturas y secuestros durante la dictadura argentina (1976-83) o la creación en Brasil de la recientemente inaugurada Comisión de la Verdad para investigar los delitos cometidos durante el régimen militar (1964-85).