Por Álvaro E. Sánchez H. *

En algunas oportunidades he estado escribiendo sobre el cúmulo de atributos que nuestro país tiene en términos de biodiversidad y de riquezas ambientales, y también sobre la privilegiada posición de que goza en el contexto mundial en éste tema específico. Al respecto dice la revista Semana, en su edición los aliados del oro negro, que “no es exagerado decir que el agua es a Colombia como el petróleo es a Irán”. En eso tiene absoluta razón.

De otra parte Colombia tiene una gran riqueza en términos de carbón y de hidrocarburos. En el primero es el país número 1 en producción y en reservas de Suramérica; y en el segundo, es el tercer productor de Suramérica y el cuarto de Latinoamérica. Se confirma así que tiene un lugar también privilegiado dentro del mismo contexto.

La mezcla de los dos factores anteriores se ha venido convirtiendo en factor de discusión de algunos puristas de la ecología, quienes argumentan que por explotar los segundos es muy posible que perdamos para siempre los primeros; la pregunta es obvia: ¿Es cierto? Y la respuesta parece ser mucho menos clara de lo que salta a primera vista. La gente quiere tener culpables y consecuentemente existen importantes grupos de presión que abogan por la suspensión de la explotación de los recursos pero ¿Tienen razón? Veamos algunos aspectos que se deberán analizar.

¿Dónde está el Estado?

Si bien una encuesta realizada en las zonas afectadas dirá que la culpa es de las exploradoras y operadoras de las riquezas no renovables, también es cierto que estas trabajan amparadas por licencias otorgadas por el Estado y que las mismas tienen como eje principal el manejo y la compensación ambiental. El problema radica en que dichas licencias tienen, en general, un alto nivel de exigencia técnica pero un muy bajo presupuesto del Estado para ejercer un control sobre su cumplimiento. Pero aún en el evento de que el cumplimiento sea adecuado, subsiste el problema de la manera de calcular las líneas base de comparación. Éstas son suministradas, en general, por la empresa privada y no existe garantía de su calidad pues el país no tiene una línea base o diagnóstico de su territorio.

-        El agua

La mayoría de las empresas que operan en este sector en nuestro país tiene un equipo de trabajo dedicado al tema del cuidado ambiental y, en general, son muy cuidadosos con el cumplimiento de la normatividad y de las estipulaciones contenidas en las licencias ambientales; partiendo de esa base se puede asegurar que los problemas asociados al agua, desde la explotación tradicional, son menores en un 40 o 50% a los producidos por la ganadería extensiva, para no hablar de los producidos por la minería criminal. Así las cosas, no hay evidencia de ninguna clase que indique que estas empresas sean las causantes de los desórdenes hídricos del país y es totalmente injusto adjudicarles dicha culpa.

Si partimos de ésta base y se demostrara que sí están haciendo un daño importante a través de la explotación de estos recursos, tendríamos que llegar a la triste conclusión de que estamos siendo engañados en el análisis de las líneas base o de que las empresas no están cumpliendo lo prometido y el Estado está incumpliendo su obligación de vigilarlas, cometiendo una grave omisión.

-        Los residuos

Los procesos asociados a los hidrocarburos generan una cantidad importante de RESPEL (residuos sólidos peligrosos), además de unas importantes cantidades de lodos contaminados, de la misma forma que en el caso del agua éstos son bien tratados en general; este ítem es especialmente exigente en los planes de manejo exigidos a las empresas para la operación y con muy pocas excepciones cumplen adecuadamente con sus compromisos. Cuando se revisan los datos reportados sobre RESPEL en el país, que curiosamente compendia el IDEAM, se observa como la mayoría de los reportes corresponden al sector extractivo y al sector industrial, y por el contrario no se observan reportes significativos de las industrias agrícolas y ganaderas que con seguridad tienen importantes cantidades que reportar.

-        La fauna

Si bien la explotación de hidrocarburos genera innumerables problemas, es cierto que estos están focalizados en pequeñas áreas y que, por lo tanto, tienden a no exterminar fauna ni a ponerla en peligro de extinción. Con absoluta certeza las tasas de deforestación que hoy por hoy tiene el país y que han sido toleradas indolentemente por el Estado, generan muchos más desplazamientos, muertes y extinciones de diversidad de especies.

La reciente crisis evidenciada en el Casanare  llevó a la muerte menos del 1.2% de la población de chigüiros del territorio; ésta misma población es recuperada normalmente en 18 meses; además el director del Instituto Von Humboldt aseguró en reciente entrevista que “lo ocurrido fue en gran parte un fenómeno natural que ejerce un control natural sobre las especies”

-        La flora

Este es quizá uno de los problemas más reales de la exploración y de la explotación; la construcción de vías, las explanaciones, los campamentos, las zonas de cargue y las zonas de amortiguación, generan indudablemente unos importantes niveles de deforestación que impactan sobre la reserva de oxígeno y sobre la captura de carbono de nuestro territorio. Sin embargo, se debe decir que durante el año pasado las empresas petroleras invirtieron, en cumplimiento de la ley, una suma cercana a los cuatro millones doscientos cincuenta mil dólares en siembra de plantas para la protección de las fuentes hídricas; me atrevo a decir que es la inversión más alta del país en éste ítem.

Algunas reflexiones

 Valga dejar unas reflexiones finales sobre el asunto:

·       Es necesario que el Estado conozca su línea base para poder ejercer un verdadero control.

·       Es necesario que se provean recursos suficientes para fortalecer el control del Estado sobre el cumplimiento ambiental de la actividad.

·       No sería para nada descabellado establecer un cálculo del carbono generado por cada barril de petróleo y establecer de igual manera una compensación adecuada para equilibrar el daño proyectado. Si se obligara dicha compensación no habría solo un equilibrio en la afectación causada sino, además, se protegería el agua de una forma aún mejor.

·       Lo último que deberíamos pensar es en acabar con una actividad que genera más del 6% del PIB y que permite el desarrollo del país.

*  Director Maestría en "Gestión y evaluación ambiental"- Escuela de Ingenierías,  Universidad Sergio Arboleda. alsanchez2006@yahoo.es   @alvaro080255