Hace dos años se hundió en el Congreso una iniciativa de referendo que buscaba que el acceso al agua fuera un derecho fundamental.

En Bogotá, durante la administración pasada, ya se había establecido que las personas de estrato uno tendrían un mínimo vital de seis metros cúbicos. El actual alcalde Gustavo Petro amplió el espectro para que también los ciudadanos del estrato dos, aproximadamente dos millones de personas, se beneficien con esta determinación.

“Yo pienso que sí es un avance, pero hay que continuar adelante, porque si es un derecho humano fundamental debe ser universal”, manifestó Rafael Colmenares, impulsor del fallido referendo.

“Mientras no se establezca el derecho fundamental al agua en la Constitución mantener la decisión del mínimo vital puede ser decisión de cada alcalde”, dijo.

Seguir buscando implementar referendos en diferentes regiones del país, sería para Colmenares, una de las mejores formas de lograr el cambio en la Constitución.

El Gobierno Nacional, a través de la iniciativa Agua para la Prosperidad, tiene como meta del cuatrienio mejorar la calidad del servicio del acueducto y ampliar las coberturas de los mismos. Según el viceministro de Agua y Saneamiento Básico, Iván Mustafá, se hará una alianza con las empresas de servicios públicos para lograr mejores resultados en la materia.

“La participación de las Empresas de Servicios Públicos en la estructuración y en la ejecución de los proyectos del sector es fundamental para la sostenibilidad de las inversiones”, dijo Mustafá durante la presentación de las perspectivas del plan, que en vez de incluir acciones que favorecieran a las comunidades con menos recursos para acceder al agua, incluye una serie de alianzas con las empresas, que a pesar de que facilitan el acceso al líquido no lo garantizan.

El Viceministro insistió en que el esfuerzo mancomunado entre los gobiernos locales y las empresas, o “aliados estratégicos fundamentales”, es indispensable para el desarrollo  del proyecto.