Definitivamente la reforma a la justicia tiene las horas contadas, dado que a medida que crece la indignación ciudadana son cada vez menos quienes están dispuestos a defender lo indefendible.
Y, claro, a la voz del máximo líder de la coalición de Gobierno, es decir, el presidente Juan Manuel Santos, de hundir la reforma, la Unidad Nacional ha respondido como también lo hizo en el Congreso, obedeciendo los dictados de la Casa de Nariño. Si antes del 20 de junio ordenó aprobar la reforma (y así ocurrió), hoy dictamina que debe hundirse (y entonces se hundirá).
La víspera, a través de un corto comunicado, la Administración anunció la citación a sesiones extras del Congreso para revisar las objeciones presidenciales a la reforma judicial.
“El Presidente de la República, en uso de sus facultades legales, convocará a sesiones extraordinarias al Congreso de la República el 27 y 28 de junio próximo para que esta Corporación revise las objeciones a la reforma a la justicia hechas por el Gobierno Nacional”, rezaba el comunicado del domingo en la noche, agregando que “esta decisión ha sido respaldada por los voceros de los partidos de la Unidad Nacional”.
Tal como lo había anunciado el viernes en su carta al mandatario Juan Manuel Santos, el presidente de la Cámara, Simón Gaviria, jefe único del Partido Liberal, hizo contacto con los máximos líderes de otras colectividades para concretar un consenso en torno a las objeciones esgrimidas por el gobernante sobre la reforma a la justicia aprobada por el Congreso.
Gaviria sostuvo contactos con los presidentes de los partidos Conservador, Efraín Cepeda, y Social de Unidad Nacional (La U), Juan Lozano, así como del Congreso, Juan Manuel Corzo, a quienes les habría propuesto asumir “como válida la interpretación jurídica mencionada, con base en la cual se aplican a los actos legislativos, por analogía, las reglas de formación de las leyes que prevén la posibilidad de que el Presidente presente objeciones, por lo cual estoy pidiendo que se les dé trámite a las mismas el primer día de la próxima legislatura”.
“Con base en esta interpretación es claro que no ha terminado el proceso de formación del citado acto legislativo, el cual por tanto no está vigente y deberá surtirse el trámite correspondiente antes de promulgarse si llegare el caso”, escribió Gaviria, anunciando que “pediré que cuando se tramiten las objeciones, el Congreso archive el proyecto”.
Ayer, Gaviria consideró que “no hay manera de salvar” el acto legislativo pues los vicios de trámite son demasiado complejos.
Tras sostener que “lo que corresponde es rehacer todo el trámite en el Congreso y dar una amplia discusión sobre lo que conviene o no en materia del sistema de controles que contenga la Constitución”, Gaviria reiteró que “el Congreso debe aceptar sus objeciones, decretar el archivo del proyecto y convocar a un amplio diálogo nacional para que se adopten las decisiones que hagan el servicio de la justicia más eficaz y cercano a los ciudadanos”.
Hundimiento, casi seguro
El Gobierno no ha descartado la posibilidad de llegar a hundir la totalidad de la reforma, como lo pidió Gaviria. Así se desprende de lo ocurrido ayer durante encuentro entre Santos y dirigentes de los partidos políticos.
El ministro del Interior, Federico Renjifo, dijo que esa posibilidad debe ser analizada. Aunque el presidente Santos sólo objetó algunos artículos, los líderes políticos lo han conminado a que haga lo mismo con todo el acto legislativo.
“Le dije al presidente Santos que si bien comparto las sesiones extraordinarias, éstas no deben ser para discutir la objeciones, sino el hundimiento de la frustrada reforma”, manifestó Luis Eduardo Garzón, vocero de la presidencia colegiada del Partido Verde.
El representante Alfonso Prada, del Partido Verde, anunció que se realizará otra reunión con funcionarios del Gobierno para analizar el llamamiento a sesiones extras y tratar de hundir algunos artículos.
Sobre la legalidad de las extras para hundir una reforma constitucional, Prada sostuvo que “hay fundamento jurídico, hay un estado de necesidad y una conveniencia que ha llevado al Presidente de la República a utilizar este mecanismo extraordinario”.
El presidente del Directorio Nacional Conservador, Efraín Cepeda, afirmó que su colectividad acompaña a Santos en la decisión de convocar a extras al Congreso y señaló que no descarta el hundimiento de la reforma.
Indignados
Mientras tanto, el representante Iván Cepeda, del Polo Democrático, está convocando a que mientras el Congreso sesione el jueves, en la Plaza de Bolívar se realice una jornada paralela de recolección de firmas para impulsar el comité promotor del referendo derogatorio.
“Invito a todos los colombianos para que con nuestra firma hundamos este esperpento que nos han querido imponer unos cuantos y que sólo buscan satisfacer sus intereses personales”, señaló Cepeda, quien invitó a todos los congresistas que votaron en contra de dicha iniciativa para que hagan parte de la jornada de recolección de firmas.
El congresista indicó que el único mensaje claro en estas sesiones extras convocadas por el presidente Santos debe ser el de hundir la reforma y recordó que si el Congreso insiste en mantenerla viva, el referendo derogatorio tomará la fuerza necesaria para derogarla.
La presidenta del Polo, Clara López, le dirigió r una comunicación a la Organización Electoral informando que esa colectividad hará uso de la consulta de los partidos convocada para el próximo 30 de septiembre para preguntar si están de acuerdo con la revocatoria de los congresistas que votaron a favor del esperpento de reforma de la justicia que tanta indignación ciudadana ha generado en el país.
De igual forma se planteará conocer la opinión de los electores y electoras respecto de la imposición de una inhabilidad a los mencionados congresistas, así como a sus parientes dentro del cuarto grado de consaguinidad y segundo de afinidad, para que no se puedan presentar y salir nuevamente elegidos en las siguientes elecciones.
“La revocatoria planteada no cobija a los 26 congresistas que actuaron con dignidad al votar negativamente la cuestionada sustracción de los congresistas de la mano de la justicia”, explicó López, “pero si busca que tampoco puedan llegar nuevamente al Congreso los de siempre, en cuerpo ajeno a través de su parentela, como lo han hecho los condenados por parapolítica”, explicó.
Magistrados por el hundimiento de la reforma
Carta abierta de la rama judicial del poder público para las ramas Ejecutiva y Legislativa del poder público
La Rama Judicial del Poder Público con todo respeto solicita al señor presidente de la República, Juan Manuel Santos, y a los señores presidentes de Cámara de Representantes, Simón Gaviria, y Senado de la República, Juan Manuel Corzo, lo siguiente:
1. El reconocimiento y respeto a la integridad, autonomía e independencia de la Rama Judicial como valor constitucional esencial de la Carta Política de 1991.
2. Se ordene el inmediato archivo de la Reforma Constitucional a la Justicia, que atenta contra los principios y valores antes enunciados, al igual que a los controles jurídicos de la conducta de los congresistas, que son un activo básico de la democracia y le pertenecen al pueblo colombiano.
3. Comedidamente sugerimos evitar las vías de hecho constitucionales que conducen a procedimientos no previstos en la Carta y que en cambio de aclarar enrarecen la intangibilidad y respeto que todas las autoridades públicas debemos a nuestra Constitución.
4. La Rama Judicial en su conjunto reafirma ante la opinión pública su rechazo a cualquier procedimiento que pretextando la congestión judicial, sea empleado para vulnerar la dignidad del juez colombiano.
Con toda consideración,
GUSTAVO E. GÓMEZ ARANGUREN
Presidente Consejo de Estado
GERMÁN OCTAVIO RODRÍGUEZ VELASCO
Presidente Tribunal Superior de Cundinamarca
OSCAR JULIO MAESTRE PALMERA
Presidente Tribunal Superior de Bogotá
FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Presidente Tribunal Administrativo de Cundinamarca
MARÍA DEL PILAR ARANGO HENÁNDEZ
Directora Observatorio Nacional de Justicia
Presidenta Corporación de Jueces y Magistrados de Colombia
Juez 34 Civil del Circuito de Bogotá
LUIS FERNANDO OTÁLVARO CALLE
Presidente Asonal Judicial
Congresistas denunciados
Los 12 congresistas que conciliaron los textos de la reforma aprobados en Senado y Cámara fueron acusados de incurrir en los delitos de concierto para delinquir, falsedad de documento público y prevaricato por acción.
La denuncia penal fue radicada ante la Corte Suprema de Justicia por el ciudadano Carlos José Castro para quien los congresistas que avalaron la conciliación se encontraban además inhabilitados para darle trámite puesto que tenían investigaciones preliminares por parapolítica.
Según Castro, “incurren en concierto para delinquir y falsedad en documento público porque alteraron los textos que habían sido aprobados tanto en Cámara como en Senado y muchos textos que habían sido rechazados en los debates los incluyeron en ese texto”.
Los legisladores denunciados son Alejandro Carlos Chacón, Germán Varón, Carlos Edward Osorio, Gustavo Puentes, Orlando Velandia, Roosvelt Rodríguez, Jesús Ignacio García, Eduardo Enríquez, Juan Carlos Restrepo, Juan Manuel Corzo, Luis Fernando Duque y Martín Emilio Morales.
Ya ante la misma Corte, la Red de Veedurías Ciudadanas había denunciado a la totalidad de los 163 congresistas que votaron la reforma, acusándolos de prevaricato.
“Estamos en un prevaricato en la medida que en ocho debates se presentaron toda suerte de irregularidades para obtener beneficios mayores e inverosímiles en su propio provecho”, señaló Pablo Bustos, director de la Red.
Además, el procurador Alejandro Ordóñez informó que ya existen en su despacho quejas en contra de los ministros y conciliadores.
Riesgos fiscales
La contralora Sandra Morelli calificó como groseros los ‘micos’ que se introdujeron en la reforma y con base en los cuales varios procesos del organismo de control podrían caerse a menos que se hunda en su totalidad.
De acuerdo con Morelli, las investigaciones que se adelantan por casos como el desfalco a la salud o Agro Ingreso Seguro y en contra de magistrados de la sala disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura por el llamado carrusel de las pensiones, podrían hundirse.
La Contralora afirmó que con la reforma “hay un cambio de competencia para juzgar a funcionarios aforados constitucionales y legales, por lo cual lo actuado deberá ser remitido a las nuevas instancias especiales que se crean con todas las consecuencias como la excarcelación, eventuales prescripciones y caducidades”.
Adicionalmente, la funcionaria declaró que “el control fiscal también se afecta, concretamente en las investigaciones que se están surtiendo contra los magistrados de la sala disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y se tendría que remitir nuevamente a la Comisión de Acusaciones”.
Morelli agregó que con la reforma “se introdujo un fuero en materia fiscal de tal manera que habrían funcionarios públicos, incluyendo por ejemplo los secretarios de la Cámara y del Senado, que podrían administrar los bienes de todos los colombianos sin que tuvieran ninguna responsabilidad fiscal, es decir, sin incurrir en detrimento patrimonial”.
Moreno, pa’ atrás
Como consecuencia del virtual hundimiento de la reforma, la puerta de la excarcelación que se había abierto para algunos investigados volvió a cerrarse, al retirarse ayer del Tribunal Superior de Bogotá la solicitud de libertad que había interpuesto la defensa de Bernardo Moreno, procesado por escándalo de las chuzadas del DAS.
El abogado Jaime Granados dijo que no es intención de su cliente “sacar provecho” del debate que se ha generado por la entrada en vigencia de la reforma.