En los apenas cuatro días  que en la próxima semana quedan de la presente legislatura, espera recibir su último debate en la plenaria de la Cámara el proyecto de ley por la cual se crea el Sistema Nacional para la Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN) y la Agencia Nacional de Seguridad Alimentaria. La iniciativa de origen parlamentario tiene tres conceptos condicionados o negativos de parte del Gobierno.

Se trata del proyecto de ley No. 250/15 Cámara, 54/14 Senado, el cual fue radicado el 5 de agosto de 2014 por la senadora liberal Sofía Gaviria, el cual contó con la firma de sus compañeros de bancada en esta Corporación.

Si la iniciativa no  es aprobada la semana entrante por la plenaria de la Cámara de Representantes, indefectiblemente se hundirá porque un proyecto de ley no puede ser tramitado en más de dos legislaturas.

Ésta tienepor objeto crear el –SAN- como una estrategia para erradicar la desnutrición en Colombia y garantizar la soberanía alimentaria mediante la articulación, planificación y verificación de las políticas, acciones y presupuestos nacionales y regionales destinados a amparar el derecho de todos de contar con alimentos suficientes y nutritivos.

La iniciativa establece que serán sujetos de especial protección intersectorial e interdisciplinaria en seguridad alimentaria y nutricional, los niños y adolescentes, mujeres en estado de embarazo, desplazados, víctimas de violencia y del conflicto armado, la población adulta mayor, personas que sufren de enfermedades huérfanas y personas en condición de discapacidad.

Del SAN indica también  que  se trata de un sistema público intersectorial constituido por un conjunto armonizado de orientaciones, políticas, planes y programas que inciden en la producción, distribución, comercialización y consumo de los productos alimentarios, con el propósito de garantizar el derecho humano a la alimentación y la seguridad alimentaria y nutricional.

Así este sistema tendrá entre sus funciones facilitarlas condiciones que permitan el derecho a la alimentación y la seguridad alimentaria y nutricional en el territorio nacional; promover el principio y reconocimiento de la diversidad étnica y cultural de la nación para asegurar que de los grupos étnicos sea protegida su identidad y derechos culturales, la recuperación del capital natural y fortalecimiento de las capacidades de generar medios de vida, patrones de consumo, la recuperación de tradiciones culinarias y la reactivación de los sistemas agroalimentarios propios.

De igual manera garantizar la atención directa de aquellos grupos sociales que se encuentren en situaciones en las que no pueden alimentarse por sus propios medios o padecen hambre o desnutrición.

En tanto que sobre la Agencia Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional que será creada, el proyecto indica que estará encargada de la planificación, seguimiento y control de las políticas, planes y programas concernientes a la seguridad alimentaria y nutricional.

Concepto del Gobierno

El Ministerio de Hacienda presentó en diciembre pasado un primer concepto gubernamental sobre esta iniciativa antes del primer debate. Indicó que no tiene objeciones de carácter presupuestal para su aprobación, siempre y cuando la creación y el funcionamiento de la nueva Agencia propuesta no implique nuevas erogaciones respecto a lo apropiado actualmente en el Presupuesto General de la Nación. Es decir que se busque un impacto fiscal neutro y esté ajustado al Marco Fiscal de Mediano Plazo.

Hace pocos días, Hacienda presentó un nuevo concepto al proyecto indicando que existe un vicio de inconstitucionalidad porque el Gobierno es el que tiene iniciativa legislativa privativa para modificar la estructura de la administración nacional.

En segundo lugar, este Ministerio estima que la creación de la Agencia puede llegar a costar en promedio $30.100 millones, “lo cual generaría gastos adicionales con cargo al Presupuesto General de la Nación, que no se encuentran previstos ni en el Marco Fiscal de Mediano Plazo, ni en el Marco de Gasto de Mediano Plazo del Sector”.

Por su parte, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar también presentó un concepto en el que señala, entre otros, que “las funciones que se plantean en el proyecto de ley para lo que sería la nueva instancia (SAN) generan confusión o se hacen difusas impidiendo la determinación de acciones concretas por ejes”.