“La reciéncreada Agencia Nacional Minera (ANM) tiene como principal reto generar un cambio en el sector, más allá de ser solo un nuevo nombre”, dijo el abogado Alejando Mesa, socio del estudio Baker & Mackenzie, durante el IX Congreso Intergremial de Minería “Colombia Mining Conference 2012”.
El experto sostuvo que "no puede ser solo un cambio de nombre, realmente se necesita un cambio institucional. Desde que el Gobierno eligió ese modelo, está en manos del propio Gobierno la decisión política de obtener un organismo mucho más eficiente".
Entre otros retos que tiene la ANM, según Mesa, está el de hacer la fiscalización en el sector, para que le permita al Estado recuperar aquellas concesiones mineras donde no se están cumpliendo los trabajos de exploración a los cuales se haya comprometido el concesionario. Para ese fin será necesario exigir obligaciones mínimas para el cumplimiento de los contratos.
"Hay mecanismos para hacerlo y el Gobierno debe estar consciente de estructurar ese sistema", dijo. Acerca de la labor de fiscalización que el Gobierno entregó a privados, el abogado indicó que los particulares no pueden tomar decisiones administrativas y estima que en el marco de ese proceso “el particular revisará y avisará sus apreciaciones para que el Estado tome las respectivas acciones”.
Asimismo destacó la necesidad de contar con mayor coordinación con las entidades territoriales en materia de legalización y con las autoridades ambientales.
Indicó que sin una coordinación efectiva de políticas entre las entidades involucradas, el sector no va a funcionar y la locomotora minera en algún momento se va detener porque los inversionistas se cansarán y buscarán otros países donde realmente haya facilidad para desarrollar proyectos.
Por otra parte, el viceministro de Defensa Jorge Bedoya señaló que la minería ilegal no tiene nada que ver con la pequeña minería. “La relación entre el financiamiento de grupos al margen de la ley con el uso de la minería ilegal, no quiere decir que la pequeña minería deba asociarse necesariamente con esos grupos”.
Según el funcionario, los grupos al margen de la ley tienen sus propios mecanismos de financiación a través de la minería ilegal, y reiteró que no se puede confundir esa activad con la minería informal y pequeña minería. “Lo que sí es claro es que todos los actores, no solo en este sector económico sino todos en el país, deben cumplir con la normatividad existente, y para ello las autoridades respectivas, como el Ministerio de Minas y el Ministerio de Medio Ambiente, desarrollan un plan de formalización de esta pequeña minería”, agregó.
En ese sentido destacó que la formalización -dentro de sus competencias- le corresponde a esos despachos, mientras que el Ministerio de Defensa tiene otras responsabilidades que se centran en operativos contra la minería ilegal.
Por otra parte, el sector minero expresó su optimismo para un cambio de modelo en el negocio tanto de la exploración como en la explotación, que sin duda deberá respetar las normas ambientales que ahora son más exigentes y completas.