LOS SUCESIVOS aplazamientos de esta semana en el Congreso para hacer el primer debate que reglamenta la puesta en vigor de la Comisión de Aforados, hace temer que no se alcance a tenerla lista el primero de julio próximo, lo que provocaría que los magistrados de las altas Cortes y el Fiscal General de la Nación se queden sin quién los investigue.

Sin embargo, los ponentes de esta iniciativa de ley estatutaria consideran que a pesar de las dificultades que se han presentado el Congreso aprobará este proyecto antes del primero de julio venidero, cuando la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes perderá su competencia sobre los magistrados de las altas Cortes y el Fiscal General de la Nación, conservando la facultad en lo que tiene que ver con el Presidente de la República y, ahora, los miembros de la Comisión de Aforados.

La resistencia civil que ha adoptado el Centro Democrático contra los acuerdos que se firmarán en La Habana, que también se extendería al escenario del Congreso, y la ausencia no justificada de un importante número de parlamentarios de la propia coalición de Gobierno explicarían el hecho que esta semana, las comisiones primeras del Senado y la Cámara no pudieran sesionar para darle el primer debate al proyecto que reglamenta la Comisión de Aforados.

La Reforma de Equilibrio de Poderes (Acto legislativo 02) de 2015 reformó las competencias de la desprestigiada  Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes por los pobres resultados que mostró desde su creación en el año 1992.

Según un informe que preparó la Corporación Excelencia en la Justicia con corte al 2014, la Comisión de Investigación y Acusación durante esos 22 años recibió 3.496 demandas contra aforados constitucionales, procesos de los cuales solo ha llevado hasta su terminación 1.966, sin un solo fallo de fondo.

El propio Gobierno propició en el proyecto de Reforma de Equilibrio de Poderes la supresión de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara. No obstante a pesar de que ya no podrá ocuparse de las demandas y denuncias disciplinarias y penales contra los magistrados de las altas Cortes y el Fiscal General de la Nación, garantizó su supervivencia porque mantuvo su facultad para investigar al Presidente de la República o a quien cumpla sus funciones.

En este sentido, el Acto Legislativo 02 de 2015 estableció en un parágrafo transitorio que “sin perjuicio de lo dispuesto en el numeral tercero del artículo 178, la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes mantendrá, durante un año contado a partir de la entrada en vigencia del presente Acto Legislativo (1° julio de 2015), la competencia para investigar los hechos ocurridos antes de la posesión de los magistrados de la Comisión de Aforados, que se le imputen a los aforados citados en este artículo y a los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura.

Son optimistas

El primer Vicepresidente de la Comisión de Investigación de la Cámara de Representantes, Berner Zambrano, se mostró optimista de que las comisiones primeras y luego las respectivas plenarias lograran sacar avante el proyecto a tiempo.

No obstante el parlamentario nariñense de La U dijo a EL NUEVO SIGLO que de no alcanzar a aprobar este proyecto antes del 1° de julio sería “gravísimo, si eso pasa quiere decir que los aforados no tendrían quién los investigue porque lo que se aprobó en el Acto Legislativo fue precisamente la terminación de la Comisión de Acusaciones para crear este grupo de aforados”.

En tanto que el legislador Telésforo Pedraza, ponente de este proyecto en la Cámara de Representantes, le dijo a este Diario que “estamos en comisiones conjuntas, y creo que la semana entrante, sin la menor duda el próximo lunes, se va a evacuar. Y creo que estamos en los términos que permiten que la ley se pueda expedir”.

<RECUADRO> ‘Herencia’ de actual Comisión

A partir del 1° de julio de este año los procesos que vienen en curso en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara y las denuncias que se interpongan en contra de los magistrados de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado, de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial deben ser conocidos por la Comisión de Aforados.

La Reforma de Equilibrio de Poderes establece que la Comisión de Investigación de la Cámara debe remitir a la Comisión de Aforados todas las demás investigaciones, en el estado en que se encuentren, incluidas las adelantadas contra los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura.

Actualmente, la Comisión de Investigación  de la Cámara tiene alrededor de mil procesos sin resolver, a pesar de que en estos días logró evacuar cerca de 400 procesos pendientes, para lo cual cada uno de los 15 parlamentarios de esta célula presentó sus ponencias de archivo o de solicitud de nueva documentación.