Las serias irregularidades que se presentaban en el proceso de construcción de la nueva sede de la Universidad Distrital en Bosa, por un posible riesgo en que se encontraban 72.000 millones de pesos, habrían sido advertidas desde 2013 por la Contraloría de Bogotá, en su función de control fiscal, a través de los informes de auditoría presentados en ese entonces.

Al menos así lo declaró ayer el contralor distrital, Diego Ardila, quien dijo que al alcalde Gustavo Petro se le formuló un control de advertencia el 25 de octubre del año pasado, mediante el cual se le puso en conocimiento la ineficiencia administrativa de la universidad en la construcción.

Ya en julio, Petro le había dado un ultimátum a la universidad para la construcción de la sede.

Según Ardila, los costos en los que se incurrió en el pago de la consultoría para la elaboración del Plan Maestro, los costos de diseño, la proximidad de expiración de la licencia y  la no ejecución del convenio Marco y Específico suscrito con la Empresa Inmobiliaria Cundinamarquesa fueron algunas de las falencias, a pesar de las cuales la universidad creó, en julio 10, la "Unidad Temporal para el Asesoramiento y Acompañamiento en la Licitación y Contratación de la Nueva Sede". Tras ese acto, la Contraloría habría puesto también en conocimiento de Petro las falencias en su creación y en el cumplimiento de las fases pactadas para la construcción del proyecto, dijo Ardila.

Según el organismo de control, y en desarrollo de la Auditoria Regular PAD 2014, nuevamente se observan serias irregularidades en el proceso contractual de las personas contratadas para conformar la Unidad Temporal, y que tenían a su cargo la selección del contratista de obra, encontrando que no se aportaron los documentos que certifiquen la experiencia del Coordinador de la Unidad y se avaló su hoja de vida simplemente con certificaciones de experiencia de los años 1993 a 1996.