Implementar un plan de contingencia para salvaguardar 224.000 millones de pesos que el Distrito Capital ha desembolsado desde 1996 hasta 2011 para estudios, diseños y compra de predios con destino a la construcción de la Avenida Longitudinal de Occidente (ALO) y los 80 mil millones de pesos del Gobierno Nacional, es el llamado de la Contraloría de Bogotá al Alcalde Mayor a propósito de la decisión sobre la continuidad de este megaproyecto.

Para el organismo de control el plan integra la gestión entre la Administración, entes estatales, autoridades judiciales y policivas para la protección y recuperación de los predios adquiridos en desarrollo del proyecto para un desarrollo planificado de la ALO.

El pronunciamiento se entrelaza con que la Nación, el Distrito y la Gobernación de Cundinamarca encontraron una alternativa para los graves problemas de movilidad de la capital con desarrollo y sostenibilidad ambiental.

De acuerdo con el contralor de Bogotá, Diego Ardila Medina, el proyecto ha enfrentado especialmente el impacto ambiental. “Desde hace más de 12 años el proyecto cuenta con una Licencia Ambiental Única otorgada por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) al IDU”.

Según la Contraloría, después de 32 años de concebido el proyecto, de 1.109 predios requeridos a la fecha se han adquirido 403 (36%) con una inversión de 198.000 millones. Falta comprar 706 (64%), con el agravante que algunos de ellos ya se encuentran desarrollados urbanísticamente y cinco son objeto de procesos de restitución por parte de las Alcaldías Locales.

Dentro del área requerida para la construcción de la ALO, se encuentran 216 inmuebles con un área aproximada de 26.635,29 metros cuadrados, propiedad de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), los cuales actualmente y en su mayoría se encuentran invadidos por desarrollos de origen subnormal y ocupados por familias dedicadas al reciclaje, situación propiciada por la falta de vigilancia y mantenimiento.