El riesgo de violaciones de derechos humanos en Soacha no solo persiste para las comunidades asentadas en Altos de Cazucá y Altos de la Florida sino que incluso se ha extendido a las zonas de Compartir, La Despensa y San Mateo, por cuenta de la presencia de grupos armados ilegales.

 Así los destacó el Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, al presentar la Nota de Seguimiento 007 de 2013 hecha al Informe de Riesgo 004 de 2011 en el que se advierte que, a pesar de las diferentes recomendaciones realizadas, la situación de riesgo sobre violaciones a los derechos humanos (DDHH) e infracciones al derecho internacional humanitario (DIH) en el municipio de Soacha sigue creciendo e, incluso, en lo corrido del año ya se registra la muerte de tres líderes comunitarios.

Según Otálora, resulta preocupante que desde cuando se emitió la primera alerta temprana en noviembre de 2001, la situación de la población que habita estos lugares no ha mejorado de manera significativa, lo que evidencia vacíos en la aplicación de la política pública en materia de prevención de violaciones a los derechos humanos y de la atención a las víctimas.

Según el informe de la Defensoría del Pueblo, Soacha es considerado un territorio de valor estratégico para los grupos armados ilegales porque, dada su amplia red de corredores viales que comunican la Sabana de Bogotá con la región del Sumapaz, el centro y oriente del país; facilita la ejecución de actividades ilícitas, el tránsito y el ocultamiento de los integrantes de las agrupaciones armadas, y el control de las zonas de entrada y salida a la capital del país en un área completamente conurbada.

 El Defensor del Pueblo advierte que el escenario de riesgo de violaciones a los DDHH en contra de los habitantes de Soacha está determinado por las amenazas generadas por la presencia y actuación de grupos armados post desmovilización de las AUC (Águilas Negras- Bloque Capital y Rastrojos- Comandos Urbanos), así como de integrantes de posibles milicias de las FARC.

 Por último, Otálora Gómez hizo un llamado a las autoridades para evitar la ocurrencia de hechos como homicidios selectivos y múltiples, extorsiones y sobre todo reclutamiento forzado y utilización de niños, niñas y adolescentes en actividades relacionadas con el tráfico de estupefacientes y demás actividades criminales.