Una baja eficacia presenta la acción de repetición como mecanismo legal para recuperar los cuantiosos dineros que el Estado ha pagado por concepto de condenas proferidas en su contra, particularmente en el Sector Defensa, Justicia y Seguridad, advirtió hoy la Contraloría General de la República.

En la última década se ha presentado un aumento considerable en las sentencias condenatorias en contra de la Nación, que compromete un porcentaje importante de recursos públicos, teniendo las entidades del sector Defensa, Justicia y Seguridad un peso significativo en las mismas, tal como lo evidencia el Sistema Integrado de Información Financiera –SIIF. En este sentido, se ha presentado una tendencia creciente al pasar de de $251.040 millones en 2003 a $1.2 billones en 2013 (precios constantes de 2013), lo cual representa un aumento de 395%.

Según un estudio del organismo de control, a pesar de haber trascurrido más de 10 años desde la expedición de la Ley  678 de 2001, con la cual el Estado procuraba llevar a cabo la recuperación de los dineros por condenas en su contra, originadas por los daños antijurídicos causados con dolo o culpa grave por las acciones u omisiones de sus agentes, hasta la fecha se ha demostrado  que esta herramienta jurídica ha sido ineficaz en el alcance de su objetivo.

El análisis está referido específicamente a la aplicación de la acción de repetición en las entidades del sector Defensa, Justicia y Seguridad (36 puntos de control), donde se presenta una buena parte de las demandas contra el Estado colombiano.

De acuerdo con la información reportada por los sujetos de control de la Contraloría Delegada del sector Defensa, Justicia y Seguridad, durante el periodo 2010 – 2014, y conforme a la información consolidada, se pagó la suma de $4 billones por concepto de 49.467 sentencias condenatorias y/o conciliaciones y llamamientos en garantía, de las cuales se presentaron 545 acciones de repetición por la suma de $890.769 millones, las cuales representan solo 22% de los recursos públicos erogados del Presupuesto General de la Nación.

Razones de la baja eficiencia

Para la Contraloría la baja eficacia de la acción de repetición puede darse por varias situaciones. La primera es la probable mora judicial en el trámite de las mismas, por cuanto, se observó que existen procesos con más de 10 años de iniciados, sin que se haya emitido sentencia ejecutoriada alguna.

Como lo ha evidenciado el Consejo de Estado, existen debilidades en el sustento probatorio presentado por las entidades demandantes, a pesar de que en ellas recae la carga de la prueba, es decir, les corresponde demostrar la situación fáctica que afirman, o sea que el daño antijurídico por el cual fueron condenadas se originó en la acción u omisión dolosa o gravemente culposa de uno de sus agentes.

Lo anterior, permite deducir debilidades en la gestión de la defensa de los intereses patrimoniales del Estado, que ejercen las diferentes entidades del sector Defensa, Justicia y Seguridad, mediante la interposición de las acciones de repetición, lo cual redunda en decisiones adversas para el Estado.

Consecuentemente, no se recuperan los recursos públicos pagados por concepto de sentencias y/o conciliaciones, a pesar de que en algunos de esos casos, tal situación hubiera podido tener origen en una conducta dolosa o gravemente culposa de un agente estatal.

Existe también un escaso uso de la figura jurídica del llamamiento en garantía, con el cual se evitaría instaurar la acción de repetición, situación que se evidencia con la información reportada por las entidades, en la cual se registran solo 3 casos en los cuales fue utilizada.

Se encuentra además que la información reportada por las entidades por concepto de pago de sentencias y/o conciliaciones durante el periodo 2010 - 2014, y los registros realizados por las mismas al Sistema Integrado de Información Financiera del Ministerio de Hacienda (SIIF) presentan inconsistencias, respecto de pagos no reportados.