Un control de advertencia emitió la Contraloría por el desorden pensional que se está presentando en el país. La entidad señaló que ve “con suma preocupación el desorden, la ausencia de información veraz y oportuna y la inexistencia de procesos claros, transparentes y seguros para los usuarios”.

La función de advertencia que va dirigida a los ministros de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, y de Trabajo, Rafael Pardo, les da un plazo par explicar algunas “situaciones que son resorte del ejecutivo” y que dan cuenta del “desorden” del sistema de pensiones.

Además, la Contraloría expresó que le “preocupa” la actitud que ha asumido el Ejecutivo frente a estas situaciones. “Ha venido observando con suma preocupación la actitud asumida por el Ejecutivo frente no solo al costo fiscal que viene tomando el tema pensional, sin que los recursos utilizados se traduzcan en una mayor cobertura”, asegura la misiva.

En su comunicado, la contralora también critica la falta de “simplicidad” en lo que tiene que ver con la seguridad social, según la Contraloría hace falta “claridad, transparencia y simplicidad”, elementos que han generado “mayor litigiosidad”.

“La falta de uniformidad de criterios entre las Entidades Administradoras de Pensiones y del Sistema General de Pensiones y por la falta de una gestión oportuna para integrar la jurisprudencia y los precedentes judiciales a los procesos de reconocimiento y pago”.

Otro de los puntos la Contraloría pide que le aclaren es el del alto número de demandas que tiene el Seguro Social y Cajanal, y que según criterio de la Contraloría se han incrementado porque el Estado no ha concurrido a su defensa.

“No puede ser más preocupante el volumen de demandas, tutelas y derechos de petición que inundan al Instituto de Seguros Sociales (ISS) y a Cajanal en liquidación (…) En muchas de esas acciones el Estado no ha concurrido a su defensa, lo que ha generado muchas denuncias de la Procuraduría a este Despacho para solicitar las investigaciones por el daño fiscal al patrimonio público generado por la inexistente o inadecuada defensa de los derechos del Estado”, puntualiza la carta.