Cuatro alertas fiscales por 10.222 millones de pesos y 25 hallazgos fiscales por 6.352 millones de pesos estableció la Contraloría de Bogotá durante sus auditorías técnicas a cuatro entidades del sector Gobierno: el Fondo de Vigilancia y Seguridad (FVS), Secretaría Distrital de Gobierno, Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Unidad Administrativa Especial del Cuerpo Oficial de Bomberos (Uaecob).

El contralor, Diego Ardila Medina, explicó que el daño económico por más de 5.300 millones de pesos fue en el suministro, instalación, montaje, prueba, puesta en marcha, garantía y mantenimiento del sistema integrado de video vigilancia para patrullas, motos, fronteras y 192 colegios, sobre el cual el ente de fiscalización envió recientemente un control de advertencia al Fondo de Vigilancia y Seguridad.

El FVS suscribió el contrato por 40.277 millones de pesos, incluidas las adiciones para cinco subsistemas, entre ellos el relacionado con la videovigilancia para 57 patrullas de la Policía, que consiste en la implementación de un sistema de reconocimiento de placas automatizadas, orientado a la identificación de vehículos, con el propósito de contrastarlas con bases de datos y listas negras expedidas por organismos de seguridad que hoy tiene un valor de 5.300 millones de pesos.

Argumentando deficiencias en la efectividad se modificó mediante Otrosí parte del objeto del contrato, cambiando la marca y la referencia del sistema (cuya fabricación era 90% colombiana), por un producto de origen europeo y asiático, que aunque supuestamente era mejor tecnológicamente, presentó fallas técnicas y logísticas. Se encontró que las pantallas y monitores se instalaron encima de la guantera, lo cual genera exposición a la luz, dificulta la lectura y obliga al patrullero a estacionarse para poder leer, entre otros defectos.