La Contralora, Sandra Morelli Rico, dirigió un control de advertencia al ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas y al director de Planeación Nacional, Mauricio Santamaría, alertando sobre los posibles riesgos que genera para el éxito de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras no haber incluido en el Presupuesto de 2013 una partida que asegurara el nombramiento de defensores de oficio en todo el país que, a través de la Defensoría del Pueblo, puedan prestar asistencia judicial a las víctimas.

Según expuso la Contralora General en una sesión de la Comisión Legal de Seguimiento a la Ley de Víctimas, “De la existencia o no del Sistema Nacional de Defensores de Oficio, pende en gran medida la posibilidad de que esta Ley pueda tener éxito”.

Está previsto que la Defensoría del Pueblo nombre los defensores de oficio en todo el país, dado que las víctimas necesitan en su gran mayoría asistencia jurídico-técnica. “Son personas que por muchas razones no pueden postular su derecho de manera autónoma ni individual y es muy importante que el Estado remueva los obstáculos objetivos y materiales para que se garantice efectivamente su  acceso a la justicia y a todo el sistema de indemnización. Para eso se había previsto que la Defensoría tendría unos recursos adicionales para nombrar estos apoderados de oficio. No se hizo y consideramos que esto sería un obstáculo importante  para el cumplimiento de la Ley”, explicó la Contralora Sandra Morelli Rico. 

En la función de advertencia que suscribió, “la Contraloría General de la República, previene los posibles riesgos que pueden comprometer o amenazar el avance y cumplimiento de los mandatos legales previstos en la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, al no contar la Defensoría del Pueblo, con el Presupuesto necesario para adelantar su gestión y compromiso con la política pública del Gobierno Nacional en beneficio de las víctimas del conflicto armando interno”.