Luego de un proceso licitatorio realizado por el Ministerio de Transporte a través del Instituto Nacional de Vías, Invías, el Gobierno adjudicó 3,6 billones de pesos para infraestructura vial.

Esta cifra, que es récord, será distribuida en contratos de obra con los cuales serán intervenidos 16 corredores prioritarios para la Prosperidad, gracias a la aplicación de nuevos métodos de calificación y escogencia, y bajo rigurosos análisis jurídicos, técnicos y financieros que brindaron plenas garantías a los participantes.

Según el Ejecutivo, en un hecho sin precedentes en la historia de la entidad fue llevado a cabo un exhaustivo proceso de elaboración de estudios y diseños previos a las licitaciones y que permitirán la construcción, reparación y pavimentación de 504 kilómetros de vías, desarrollo de 19 kilómetros de dobles calzadas y construcción de 35 nuevos puentes vehiculares.

El ministro de Transporte Germán Cardona Gutiérrez destacó la forma clara y transparente como efectuaron el proceso y celebró la participación de 195 proponentes para ejecutar las obras sin el mecanismo de anticipos, razón por lo cual los proponentes debieron presentar ofertas con suficiente respaldo financiero.

De igual forma, recalcó positivamente la participación de firmas nacionales y extranjeras que contaron con las garantías de Ley para el estudio de sus ofertas.

“Luego de haber estructurado minuciosamente los proyectos viene la ejecución. En esa etapa no habrá anticipos y la entrega de los recursos será contra avance de las obras, a lo que debemos agregar que tampoco se otorgarán peajes sin la terminación de las mismas; son medidas que nos permiten cuidar los dineros públicos”, dijo Cardona.

Entre las 195 propuestas recibidas participaron consorcios y uniones temporales conformadas por 423 firmas nacionales y 81 extranjeras. El proceso de selección contó con el acompañamiento permanente de la Procuraduría General de la Nación, la Secretaría Anticorrupción y Transparencia de la Presidencia de la República, los gremios de la industria de la construcción, las entidades bancarias y las compañías aseguradoras.

El proceso comenzó el pasado 16 de abril y concluyó el 7 de mayo con la adjudicación de los contratos para la construcción del Puente de Honda, la Transversal del Cusiana y el Corredor de Las Palmeras con un presupuesto de 94 mil millones de pesos, obras que beneficiarán las comunidades de los departamentos de Tolima, Caldas, Guaviare, Meta, Boyacá y Casanare. Estos proyectos permitirán la integración entre las regiones, facilitarán el comercio, mejorarán la movilidad de pasajeros, habilitarán en mejores condiciones los accesos de las comunidades a los centros de producción, rebajarán los costos operativos de los transportadores y disminuirán las posibilidades de accidentes viales.

Históricamente el país ha sido testigo de grandes dificultades por falta de comunicación terrestre adecuada entre algunas regiones, para lo cual estas obras impulsarán la conectividad transversal y consolidarán, entre otras, la conexión del Chocó con el resto del territorio en vías completamente pavimentadas hacia el Eje Cafetero y Antioquia.

De igual manera se refuerzan, en el sur de Colombia, las inversiones en infraestructura para garantizar la integración de Nariño, Cauca, Putumayo, Caquetá, Meta y Guaviare.

Precisamente para el próximo 15 de mayo comenzará el concurso de méritos que tiene como fin escoger las firmas que realizarán las interventorías a los trabajos de las 16 obras adjudicadas.

El costo de dicho concurso asciende a 81.136 millones de pesos. Para este proceso se presentaron 184 propuestas, entre las cuales hay 14 firmas extranjeras.

De otro lado, y a pesar de que el país ha tenido tradicionalmente uno de los flujos más estables de inversión en infraestructura, como proporción del PIB, su calidad no es de las mejores.

Sin duda la brecha que lo separa respecto de la que tienen las economías avanzadas es una de las más amplias en la región. Este rezago en la calidad deteriora en términos relativos la competitividad de los bienes y servicios nacionales.

Sin embargo, la magnitud de los recursos públicos para atender los requerimientos de ampliación y modernización de la infraestructura es insuficiente.