Adelantan convenio de apoyo a víctimas del conflicto armado | El Nuevo Siglo
Lunes, 15 de Agosto de 2011

La Alcaldesa Mayor de Bogota encargada, Clara López Obregón, y el ex juez español, Baltazar Garzón, actual asesor de la OEA en Colombia, se reunieron en el marco de las conversaciones que vienen adelantando la Administración Distrital y la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de los Estados Americanos (la MAPP/OEA) con el fin de gestionar un convenio de cooperación interinstitucional entre las partes, con miras al trabajo de apoyo y atención a víctimas del conflicto armado en Colombia.


Al encuentro también asistió la secretaria distrital de Gobierno, Mariela Barragán Beltrán, quien destacó que durante el Gobierno de la Bogotá Positiva “se han atendido a 14.000 personas en los Centros de Atención a Víctimas de Violencias y Delitos –Cavidh- por casos relacionados con desaparición forzada, secuestro, toma de rehenes, tortura, homicidio, ejecuciones extrajudiciales, reclutamiento ilícito, desplazamiento forzado, violencia sexual en el contexto del conflicto armado, y en general de aquellas conductas que se califican como  graves violaciones a los Derechos Humanos, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad”.


En la actualidad existen 14 Cavidh, de los cuales nueve están ubicados en localidades (Ciudad Bolívar, Bosa, San Cristóbal, Rafael Uribe, Mártires, Teusaquillo, Kennedy, Usaquén, Suba y San Cristóbal); uno en el Instituto Nacional de Medicinal Legal; además de que existen Cavidh especializados en temáticas como conflicto de tierras, justicia y paz, género y poblaciones de especial protección, incluido los defensores de derechos humanos y organizaciones sindicales.


Este programa está dirigido a brindar apoyo a víctimas a través de un equipo profesional interdisciplinario en el campo psicológico, psicosocial, jurídico y de gestión social, desde el enfoque de la garantía de derechos, con miras a fortalecer la capacidad de las víctimas que procuran la realización de su derecho a la reparación integral, que incluye entre otros el derecho a la verdad, la justicia y las garantías de no repetición.