De delitos tributarios al facilitar la emisión de facturas falsas para fines políticos acusó hoy la justicia chilena al excandidato presidencial Marco Enríquez-Ominami, así como a su exjefe de campaña Cristian Wargner.

La fiscalía considera que el popular político "facilitó" que su exjefe de campaña emitiera 36 facturas falsas en 2011, 2012 y 2014 por cerca de 391 millones de pesos (en torno a 585.000 dólares), por servicios que nunca habrían sido prestados.

Las facturas ideológicamente falsas fueron emitidas a nombre de SQM Salar, una filial de la minera Soquimich, que sirvieron para pagar las campañas presidenciales de la fugaz estrella política chilena. 

Enríquez-Ominami, de 43 años, emergió como una tercera vía en los comicios de 2009, alzándose con el 20% de los votos.

"Los recursos obtenidos por Warner, con pleno conocimiento y acuerdo de Enríquez-Ominami, fueron destinados al financiamiento del proyecto político de Marco Enríquez-Ominami", sostuvo el fiscal Pablo Gómez en una audiencia celebrada en un juzgado de Santiago.

Desde su empresa Cristian Warner Comunicaciones Publicidad Y Marketing, la mano derecha del político "suscribió en febrero de 2011 un contrato simulado con Patricio Contesse (exgerente de SQM), cuyo objeto era prestar asesorías a la minera en materia de comunicaciones", dijo el fiscal.

Dichas facturas ocasionaron un perjuicio de 130 millones de pesos (unos 194.000 dólares) al fisco chileno.

Durante el periodo que dure la investigación del caso con vistas al juicio, Enríquez-Ominami y Warner tendrán que acudir cada quince días a la comisaría para reportarse y no podrán salir del país, salvo permiso expreso de la justicia.

Ambos imputados aceptaron las medidas cautelares de la fiscalía, con el fin de llegar pronto a un juicio oral.

MEO, el acrónimo de su nombre con el que es conocido, calificó de "show mediático" la audiencia del fiscal, retransmitida por todas las cadenas de televisión del país, a diferencia de otros imputados.

"A ninguno de los cientos de formalizados (en el caso Soquimich) se le pidieron diligencias por televisión", dijo a la prensa MEO, que antes de llegar a la política consagró su vida profesional al cine y a la pequeña pantalla.

Esta inculpación es una de las ramificaciones de un macrocaso que instruye la justicia contra Soquimich --hasta hace poco controlada por el controvertido exyerno del dictador Augusto Pinochet Julio Ponce--, y una de las mineras no metálicas más importantes del mundo, en el que hay más de 200 imputados.

Soquimich está siendo investigada por cohecho, lavado de activos y delitos tributarios tras supuesto financiamiento ilegal de campañas políticas descubierto en la investigación de otro caso, el Penta --uno de los conglomerados económicos más importantes de Chile--, donde la mayoría de los implicados son políticos de la derecha opositora.

Estos casos empañaron la imagen de probidad y austeridad que tenían los políticos chilenos, de la que no ha escapado ni la misma presidenta, la socialista Michelle Bachelet, cuya nuera está imputada en otro caso de corrupción.

Carrera política amenazada 

De ser la esperanza de sus seguidores de que otra forma de hacer política es posible, la imputación de MEO pone en riesgo su carrera política pese a que mientras no haya condena tiene las puertas abiertas a intentar por tercera vez llegar a la presidencia, tras sus intentos fallidos de 2009 y de 2013.

El 7 de septiembre, el político confirmó que concurrirá a la elección presidencial de 2017.

"En delitos tributarios, la legislación chilena es superdébil" y se puede saldar con una multa por los tributos que no pagaron por esas facturas, dice a la AFP una fuente conocedora de la justicia.

El presidente del Partido Progresista, que no tiene representación parlamentaria, fue vinculado al financiamiento ilegal tras una publicación del semanario Qué Pasa, que reveló correos electrónicos de Warner, y Katherine Bishof, la secretaria de Contesse. 

Este intercambio puso al descubierto la relación entre el político y la minera, que se comprometió a pagar cuatro millones de pesos mensuales (unos 6.000 dólares), monto que con el tiempo subió a 14 millones (unos 21.000 dólares), sumando un total de 391 millones (unos 590.000 dólares), según los últimos datos de la fiscalía.