Por cinco delitos, dentro del proceso que se le sigue por la falsa desmovilización del frente cacica la Gaitana de las Farc, la Fiscalía acusó ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, al general en retiro Lelio Suárez Tocarruncho.
Los delitos que se le imputan al oficial en retiro son los de peculado por apropiación a favor de terceros, porte ilegal de armas, porte ilegal de armas de uso privativo de las Fuerzas Militares y fraude procesal.
Un fiscal delegado ante la Corte determinó que las conductas por las cuales es investigado el alto oficial fueron cometidas a titulo de dolo.
El ente investigador también sostuvo en la sustentación de cargos que Suárez Tocarruncho tenía pleno conocimiento de las presuntas acciones delictivas, por lo que lo acusó ante la Sala Penal de la Corte Suprema.
De igual manera, la Fiscalía reveló las pruebas que reposan en el expediente contra el alto oficial en las que fueron exhibidos varios testimonios de desmovilizados de las Farc, quienes aseguraron que, al parecer, participaron en la presunta desmovilización de La Fiscalía también leyó el testimonio de un exmiembro de las Farc, quien explicó cómo fueron adquiridas las armas para la presunta desmovilización.
Entre tanto, la Fiscalía dijo que dichas armas fueron compradas a grupos armados ilegales que operaban en el norte del país.
Según la investigación de los hechos, los responsables de este falso desarme utilizaron dinero del erario para, entre otras cosas, comprar armas a paramilitares que sirvieron para dotar a los supuestos insurgentes.
Además del general Suárez, quien está detenido desde el pasado mayo, con el caso están vinculados otros dos militares y Luis Carlos Restrepo, ex alto comisionado para la Paz en la gran parte de los dos gobiernos del expresidente Álvaro Uribe.
Restrepo abandonó el país el pasado 8 de enero y su paradero es un misterio.
De acuerdo con alias Ovidio Saldaña, quien ayudó a sacar adelante la desmovilización del frente Cacica la Gaitana, y alias Biófilo, el desarme de este grupo se dio para favorecer a un presunto narcotraficante y evitar que fuera extraditado.