Los siete acusados de asesinar a un agente de la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA) solicitaron medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para intentar frenar su extradición, anunció el secretario ejecutivo del órgano.

“Recibimos la solicitud (de medidas cautelares) ayer y recién va a empezar el análisis”, dijo Emilio Álvarez, secretario ejecutivo de la CIDH, órgano autónomo de la OEA con sede en Washington.

La Corte Suprema de Justicia colombiana avaló el miércoles la extradición de los siete acusados a Estados Unidos, donde son solicitados por un tribunal del Distrito Este de Virginia (este).

El abogado de los sospechosos, Miguel Ángel Ramírez, había dicho a la prensa en Colombia que pediría las medidas cautelares ante la CIDH para frenar la extradición.

Aclarando que no se refería a este caso en particular, el secretario ejecutivo de la CIDH afirmó que existen antecedentes en los que la Comisión solicitó impedir una extradición, aunque en condiciones muy particulares.

“La Comisión tiene jurisprudencia al respecto en los casos en que, en opinión de la Comisión, pudiera darse una hipótesis de tortura o de ejecución de una pena de muerte”, señaló Álvarez.

Ya en su fallo, el máximo tribunal colombiano impuso condiciones para aceptar la extradición. Entre ellas, que los implicados no sean “juzgados por hechos distintos a los señalados en la solicitud de extradición” y que no se les condene a pena de muerte o cadena perpetua, castigos que no están contemplados en la legislación colombiana.

Tras la decisión de la Corte, el caso pasa al presidente Juan Manuel Santos, quien tendrá la última palabra sobre la entrega de los imputados a la justicia estadounidense.