La acusación de conspiración contra la destituida diputada opositora venezolana María Corina Machado es "una farsa" que evidencia la "falta de independencia judicial en ese país", dijo en Bogotá el director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco.
"A la luz de las evidencias que ha mostrado el gobierno, los epítetos y las calificaciones utilizadas por el propio presidente (Nicolás) Maduro, que la ha llamado asesina, (...) da la impresión de que constituye simplemente una farsa más", dijo Vivanco sobre el caso de Machado, acusada el miércoles por el Ministerio Público de conspirar para asesinar al mandatario venezolano.
"Ya ha rebasado todos los límites la falta de independencia del Poder Judicial, un poder que ha pasado a ser un apéndice del Ejecutivo", añadió Vivanco, que a la vez aseguró que no parece haber evidencia que apunte a que Machado participó en una "conspiración de magnicidio".
El responsable llamó también a la comunidad internacional a aumentar la "presión" sobre el gobierno de Venezuela por casos como el de la opositora, que quedó en libertad luego de ser formalmente acusada, pero que de ser encontrada culpable enfrentaría una pena de ocho a 16 años de cárcel.
"La comunidad internacional debe incrementar su presión a Venezuela por los hechos que allí están ocurriendo, es la obligación colectiva de todas las democracias en esta región y en el resto del mundo", dijo Vivanco.
"No hay instancias democráticas independientes hoy en día en pie en Venezuela capaces de contrarrestar el abuso de poder por parte del gobierno", añadió.
Junto con Leopoldo López, dirigente político encarcelado por acusaciones de promover la violencia en las protestas antigubernamentales que de febrero a mayo dejaron 43 muertos, Machado es una de las promotoras de la estrategia "La Salida", que buscaba la renuncia de Maduro con manifestaciones callejeras.
De 47 años de edad y actualmente con prohibición de salida del país, Machado fue destituida en marzo pasado como diputada en la Asamblea Nacional luego de participar en el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) ocupando el asiento de Panamá, lo que dio pie a un conflicto diplomático y a la ruptura por parte de Venezuela de las relaciones, que fueron reanudadas el 1º de julio/AFP.