“El acuerdo de La Habana protege a la cúpula de las FARC, a la cúpula del grupo armado ilegal que ejerció el mando sobre el aparato violento. El Gobierno se comió el anzuelo: para concederle impunidad a la cúpula de las FARC entonces la concede a los agentes del Estado y creen que con generalizar la impunidad se blinda el acuerdo. Generalizando la impunidad se dejan desguarnecidos a unos y a otros”, advirtió este jueves el procurador general de los colombianos, Alejandro Ordóñez Maldonado.

En su intervención en la audiencia pública ‘Derechos Humanos frente al acuerdo de La Habana’, realizado en el Congreso de la República, el jefe del Ministerio Público reiteró que generalizar la impunidad en nombre de la paz significaría la eventual activación de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional en Colombia y la total “inseguridad jurídica” para cabecillas de la guerrilla y mandos de Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Policía. 

“Les están metiendo los dedos a la boca a unos y a otros, esa impunidad difícilmente será sostenible en el tiempo. Con el afán de legitimar la decisión de no imponer penas de reclusión a los responsables de atrocidades de las FARC, el Gobierno hábilmente y aprovechando la percepción de falta de garantías judiciales que se ha generado al interior de la Fuerza Pública, promete extender similares beneficios a militares y policías (…) Lo que ‘Timochenko’ y el presidente Santos les ofrecen es una absoluta inseguridad jurídica”, precisó.

“Les están dando un pasaporte directo, sin escalas, a la CPI”, agregó.