Al radicar ante un juez las solicitudes de restitución de tierras, el presidente Juan Manuel Santos empieza a dar cumplimiento a un acuerdo de voluntades entre el Gobierno Nacional y las autoridades del Magdalena, que será suscrito hoy para acelerar el pago de la deuda social e histórica con comunidades víctimas del conflicto armado.

El acuerdo de voluntades compromete también al Ministerio de Agricultura, a la Unidad de Restitución de Tierras Despojadas y a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, ésta última responsable de coordinar 37 entidades estatales de nivel municipal, departamental.

Por tratarse de reparación integral, el acuerdo establece acompañamiento a la comunidad durante las reclamaciones de restitución por despojo y abandono, titulación a favor de las víctimas, atención psicosocial y actos públicos de reparación simbólica, como el ofrecimiento de perdón por parte del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) por haber actuado a favor de los victimarios.

El carácter integral de la reparación garantiza que las acciones estatales serán adelantadas con enfoque diferencial según las características sociales y culturales de las víctimas y una serie de medidas de satisfacción, garantías de no repetición, restitución e indemnización.

“La deuda social histórica con las víctimas exige que el Gobierno repare integralmente a cientos de mujeres y hombres testigos del conflicto armado en nuestro país. Este acuerdo en Chibolo asegura una intervención articulada y efectiva por el respeto y restablecimiento de los derechos de esta comunidad”, afirmó Paula Gaviria Betancur, Directora de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.

Desde 2007 hasta hoy, después del proceso de desmovilización de los grupos de autodefensa, a Chibolo han retornado 1.079 personas. Ahora, bajo los parámetros de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras inicia el proceso de reparación integral.

En la década de los noventa, los habitantes de esta región del departamento del Magdalena fueron víctimas, entre otros delitos, de desplazamiento forzado, homicidio y despojo por parte de la organización paramilitar de Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40.