Radiografía de los aspectos más importantes de la implementación del pacto de La Habana pone de presente que si bien hay avances en algunos temas clave, en otros los retrasos son preocupantes
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Una radiografía de los aspectos más importantes de la implementación del pacto de La Habana pone de presente que si bien hay avances en algunos temas clave, como el desarme, en otros los retrasos son preocupantes. Por ejemplo, se activa el partido político de las Farc sin que haya arrancado la JEP y cuando la Corte Constitucional tiene todavía en estudio decenas de decretos y el marco de la justicia transicional. A ello hay que añadir el rebrote de la violencia y el auge del narcotráfico
1. ENTREGA DE BIENES: tras varios aplazamientos, apenas la semana pasada las Farc remitieron a la ONU y al Gobierno el listado con el inventario de bienes ilícitos que entregarán para ser destinados a reparar a las víctimas. Mientras la guerrilla sostuvo que el valor de estos es superior a $963.000 millones, la Fiscalía criticó la vaguedad de la información sobre las propiedades, la inclusión de otros ya decomisados por el ente acusador (que tiene incautaciones por más de $1,3 billones), un avalúo improcedente sobre el armamento entregado y hasta utensilios domésticos de poco valor. En fin, una gran cantidad de anomalías que hacen difícil establecer la tradición de propiedad de los bienes y aumenta las dudas sobre si se reportó la totalidad. El Gobierno, que incluso calificó de “burla” a las víctimas algunos de esos ‘bienes’ entregados por las Farc, le advirtió a la guerrilla que esconder u omitir bienes acarreará la pérdida de beneficios de la JEP y se procederá la extinción de dominio. Ya se expidió el respectivo decreto que permite avanzar sobre la incautación de dichos bienes, aclarando que no se destinará ningún recurso de estos a procesos de reincorporación de las Farc. Aun así, la Fiscalía, el uribismo y otros sectores insisten en que las Farc tienen fortunas ocultas en Colombia y el extranjero.
2. DESARME COMPLETADO: el proceso de dejación de armas terminó el pasado 15 de agosto. La Misión de la ONU reportó que concluyó el proceso de extracción de la totalidad del armamento y chatarra de munición en las 26 zonas veredales y campamentarias, en donde no hubo mayores violaciones al cese el fuego bilateral. El material transportado en los contenedores constó de 8.112 armas y casi 1.300.000 cartuchos incinerados. También se destruyó material inestable como minas antipersonales, granadas, explosivos caseros y pólvora, entre otros. En cuanto a las caletas, todavía no ha terminado el proceso. A 15 de agosto, de las 873 reportadas, se habían inspeccionado 510 con 795 armas, 293.803 municiones, 22.077 kilogramos de explosivos diversos, 3.957 granadas, 1.846 minas… Sin embargo, desde el uribismo se insiste en que las Farc no entregaron todo su arsenal y que los disidentes se quedaron con una porción importante de pertrechos bélicos.
3. LA JEP A MEDIO CAMINO: el acto legislativo que creó la Jurisdicción Especial de Paz fue aprobado en marzo por el Congreso pero la Corte Constitucional aún no ha emitido su fallo al respecto. De otro lado, en febrero se escogió la comisión de selección de magistrados de la JEP y hace dos semanas terminó el proceso de inscripción para seleccionar a los 51 magistrados, el Director de la Unidad de investigación y Acusación y el Director de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, entre otros cargos. Hubo más de 2.135 candidatos y esta semana cerró el plazo para que la ciudadanía emitiera su opinión al respecto. Antes de terminar el año, se conocerá a los seleccionados, aunque persiste la polémica sobre su nivel de neutralidad. De otro lado, la ley estatutaria reglamentaria de la JEP, que debe definir su estructura y funcionamiento, fue presentada a finales de la pasada legislatura, pero luego retirada por amplios peros partidistas. Se volvió a radicar semanas atrás, pero nada que arranca su debate. Guerilleros, militares y policías y civiles culpables de delitos graves en el conflicto siguen, entonces, sin justicia transicional que los juzgue. Sólo arrancarían los procesos en 2018.
4. EL LÍO DE LAS AMNISTÍAS: si bien es cierto que la ley que autoriza las amnistías a guerrilleros que no sean culpables de delitos graves se aprobó en diciembre pasado, la aplicación de la misma ha sido muy complicada, lo que ha generado las protestas de las Farc e incluso de la ONU. La Corte Constitucional, que debía fallar sobre su exequibilidad o no en el primer semestre, aplazó la decisión hasta tanto no decida sobre la JEP. La demora en las amnistías se dio no sólo porque no estaban oficializados los listados de desmovilizados, sino porque faltaban algunos decretos reglamentarios y era necesario establecer si los guerrilleros estaban procesados por otros delitos no amnistiables ni indultables. Aun así, hace pocas semanas el presidente Santos dijo que 7.400 miembros de las Farc ya habían sido amnistiados por decreto o vía judicial en el marco del acuerdo, en tanto que para los 1.700 guerrilleros presos, esas amnistías estaban siendo tramitadas por los jueces. Es claro que la demora en las amnistías ha redundado en un retraso o limbo considerable en el arranque de los programas económicos, sociales, educativos, laborales y de otra índole para la reincorporación de los desmovilizados a la vida civil y productiva.
“Ya 1.568 guerrilleros accedieron a la excarcelación mientras los juzga la JEP”
5. LENTA EXCARCELACIÓN: si aplicar la amnistía ha sido complicado, arrancar el esquema de justicia transicional para los sindicados o condenados por delitos graves y de lesa humanidad aún más, porque la JEP todavía no empieza a funcionar. En el entretanto, lo que ha procedido es la excarcelación de los guerrilleros, militares y policías que quieren someterse a la misma. El último informe de la Secretaría Ejecutiva de la JEP indica que ya son 5.065 los postulados a esta jurisdicción. De estos, desde marzo a la fecha, 3.336 son guerrilleros y de ellos más de tres mil firmaron las respectivas actas de compromiso, por lo que 1.568 accedieron ya a la excarcelación. Los militares y policías, a su turno, que se quieren someter a esta jurisdicción son 1.729 uniformados. De ellos, 1.640 suscribieron las actas de compromisos y 534 salieron en libertad condicional. La polémica no ha sido poca, por tratarse de guerrilleros culpables de graves delitos como masacres y secuestros, así como militares y policías procesados hasta por ‘falsos positivos’.
6. 16 CURULES DE PAZ: el proyecto que crea las circunscripciones de paz que permitirá elegir en marzo próximo a 16 nuevos Representantes a la Cámara en igual cantidad de zonas afectadas por el conflicto, ya superó, a finales de julio, dos debates en la Comisión I del Senado y la plenaria. Ya está en la I de Cámara, en donde no ha arrancado su discusión porque esa célula se está ocupando del proyecto de reforma política. Ya está definido que los partidos políticos tradicionales y el de las Farc no podrán presentar candidatos para esas curules y que las víctimas tendrán uno de cada dos cupos de las respectivas listas. Sin embargo, sigue el temor por el riesgo de infiltración de partidos tradicionales y de las simpatizantes de las Farc en esos comicios especiales.
7. REFORMA POLÍTICA Y ELECTORAL: el proyecto ha tenido un camino accidentado en el Congreso. Radicado en la anterior legislatura, sólo a partir del 20 de julio empezó a ser discutido en la Comisión I de la Cámara, en medio de fuertes reparos de distintas bancadas. La iniciativa tenía 24 artículos y ya va en 14, pues se le han quitado varias propuestas que atentaban incluso contra las sanciones de los entes de control o limitaban los periodos legislativos a los congresistas. La MOE y otros entes especializados advierten que la reforma no cumple las expectativas para permitir la apertura y transparencia democráticas, sobre todo en materia de financiación electoral, más aún en medio del escándalo de la “odebrechtpolítica”. En la plenaria de Cámara y luego en Senado, la ‘cirugía’ sería mayor, al punto de que hay quienes indican que lo mejor sería hundir el proyecto.
8. PARTIDO POLÍTICO: hoy sería el lanzamiento del partido político en que se transmutarán las Farc. Alias ‘Timochenko’ activó una encuesta en twitter para que la gente vote por el nuevo nombre: “Nueva Colombia”, “Esperanza del Pueblo”, “FARC-EP” y “Nuevo Partido”. El Gobierno calculó en 232 mil millones el costo desde hoy hasta el hasta 2026 del funcionamiento de esa colectividad en materia de gastos de funcionamiento, campañas proselitistas, centro de pensamiento y las 10 curules en Senado y Cámara que se les otorgarán por 8 años, así no saquen los votos necesarios para ganarlas. A ello se suma que la Corte Constitucional aún no le ha dado visto bueno al acto legislativo que aprobó el partido político, y solo esta semana se realizó la audiencia pública con una fuerte contradicción de criterios entre defensores y críticos. Siguen los peros a permitir hacer política a culpables de delitos graves y atroces que, además, no han sido juzgados por la JEP.
9. REFORMA RURAL: ha sido uno de los temas más complicados en el proceso de implementación. Inicialmente se creía que gran parte del capítulo agrario del acuerdo de La Habana se podría desarrollar mediante decretos-ley presidenciales. Pero luego, ante las fuertes reservas y críticas de muchos sectores sobre el riesgo de afectación del principio de propiedad privada de la tierra, el Gobierno decidió irse por dos vías. Un decreto inicial, en marzo, que ya está bajo la lupa de la Corte y que en la audiencia pública –días atrás- no pocos sectores pidieron declarar inexequible por fallas de forma y fondo, urgiendo que la reforma al régimen de tierras se haga por vía ordinaria en el Congreso. Pero de ese proyecto de ley, que el Ministerio de Agricultura había prometido radicarlo en julio pasado, hasta ahora no se sabe nada. Sin embargo, el viernes pasado, en la web de la Secretaría General del Senado, ya aparecía radicado el proyecto de “regulación del servicio público de adecuación de tierras”.
10. CORTE ‘TUMBÓ’ VARIOS DECRETOS: uno de los problemas del proceso de implementación del acuerdo con las Farc es que la Corte Constitucional ha declarado inexequibles ya varios decretos-ley dictados por la Casa de Nariño (en uso de las facultades extraordinarias presidenciales que le dio el pacto habanero). Santos dictó más de 64 normas, pero algunas sobre reglas de contratación para erradicación manual de cultivos ilícitos, la ampliación de la planta de la Unidad Nacional de Protección con el fin de contratar desmovilizados de las Farc o el que pasaba la Agencia para la Renovación del Territorio a órbita de la Presidencia de la República, se han caído porque los magistrados han encontrado que no había conexidad directa entre esos decretos y el pacto de paz, que su trámite no requería ser excepcional o porque eran asuntos que obligaban a trámite legislativo y no reglamentario. A finales de mayo, Santos firmó 20 de estas normas sobre electrificación rural, vivienda rural, cambio de obras por impuestos para las empresas, la reestructuración de la Agencia Nacional de Reintegración, creación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos; creación de una unidad especial para el desmantelamiento de las bacrim dentro de la Fiscalía; suspensión de órdenes de captura; creación de Ecomún; censo de desmovilizados; acceso y formalización de la tierra; Registro de Sujetos de Ordenamiento; sistema integral de seguridad para el ejercicio de la política; reforma al Consejo Nacional de Paz; y protección a menores que cumplen 18 años.
11. LEYES Y REFORMAS BAJO LUPA: al lado de la preocupación por los decretos que se han caído, está lo que tiene que ver con los exámenes de exequibilidad a las leyes y actos legislativos aprobados vía fast track. No sólo están pendientes los fallos sobre la reforma constitucional que creó la JEP y la ley de amnistía para los guerrilleros, sino otros relacionados con el partido político de las Farc o el Estatuto de Oposición, entre varias normas más de implementación normativa. También irán a revisión dos recién aprobados como reforma a regalías para zonas de posconflicto y modificación de la Unidad Nacional de Protección. A ello se suma que algunas de esas normas tienen decretos reglamentarios que también están bajo la lupa. Igualmente debe tenerse en cuenta que varias de esas leyes y actos legislativos están demandados. El uribismo, por ejemplo, impugnó el acto legislativo que creó el ‘fast track’ y el alto tribunal le dio en parte la razón.
12. LA LIMITACIÓN DEL ‘FAST TRACK’: a mediados de mayo la Corte Constitucional tomó una decisión que impactó toda la implementación normativa del proceso de paz. Al revisar el acto legislativo que creó el mecanismo de ‘fast track’ o de vía rápida legislativa, el alto tribunal determinó que los congresistas sí podían modificar los articulados de los proyectos de ley y acto legislativo relacionados con el acuerdo de paz, sin necesidad de tener permiso previo del Gobierno. Esta decisión le devolvió al Parlamento el 100% de su capacidad deliberatoria y legislativa que había perdido, permitiendo que a partir de esa fecha las bancadas puedan ajustar los articulados de los proyectos, lo que ha redundado en limitar o frenar las cesiones o gabelas excesivas a las Farc que estaban estipuladas de forma genérica en el pacto habanero o fueron incluidas en las iniciativas llevadas al Legislativo.
13. EL LIMBO DE LOS MENORES: sin duda alguna uno de los tropiezos más importantes que ha tenido el desarrollo del acuerdo de paz ha sido la devolución de los menores de edad que militaban en las filas de las Farc. Aunque en repetidas ocasiones se fijaron fechas para la entrega de estos a la ONU y Bienestar Familiar, siendo el último plazo el pasado 15 de agosto, a hoy no hay claridad sobre cuántos quedaron bajo protección del Estado. El último dato del Ministerio de Defensa daba cuenta de un total de 124 menores de edad. Los voceros de la guerrilla en distintas ocasiones indicaron que sí hubo esas entregas de decenas de jóvenes pero que otros menores no quisieron someterse a ese proceso por distintas circunstancias como temor por sus vidas o apego a sus familias que también hacían parte de la guerrilla. Lo cierto es que, ‘oficialmente’, se supone, ya este capítulo está cerrado pero algunos analistas, medios de prensa y sectores políticos advierten que las Farc incumplieron en este aspecto y el Gobierno guardó silencio al respecto.
14. LA TRANSMUTACIÓN DE LAS ZONAS: pese a que en el acuerdo de paz firmado entre el Gobierno y las Farc se aseguraba que las zonas territoriales que serían desmilitarizadas para la concentración territorial de las Farc y su desarme, tendrían carácter temporal, lo cierto es que esta directriz terminó cumpliéndose a medias. Las 26 “zonas veredales y campamentarias” tuvieron vigencia hasta el pasado 15 de agosto, cuando terminó el desarme de los guerrilleros. Sin embargo, unas semanas antes empezó a abrirse paso la posibilidad de que los ahora desmovilizados se pudieran quedar viviendo en algunas de estas zonas, que ahora pasaron a llamarse “Espacios territoriales de capacitación y reincorporación”. Según se explicó allí las autoridades estatales pueden operar sin ningún tipo de restricción y los desmovilizados no tendrán ninguna prerrogativa frente a la población civil. Sin embargo, los críticos sostienen que ese cambio de nombre no oculta el hecho de que los desmovilizados se quedaron en muchas de esas zonas que, además, coinciden con varias de las 16 jurisdicciones especiales de paz en donde se van a elegir 16 curules nuevas para la Cámara, que se supone son para las víctimas y movimientos sociales alternativos.
15. LA ‘GUERRA SUCIA’: una de las quejas más recurrentes de la Farc tiene que ver con que los mecanismos de seguridad pactados para sus jefes y desmovilizados se han tardado. Por ejemplo, no les cayó nada bien que la Corte haya tumbado el decreto que permitía modificar la planta de personal de la Unidad Nacional de Protección para incorporar a excombatientes como escoltas, lo que obligó a que el tema fuera llevado, después, como proyecto de ley al Congreso. En medio de ese rifirrafe con el Ejecutivo, ya van cinco desmovilizados asesinados y varios más han sufrido atentados en Arauca, Cauca y otras zonas. También se han denunciado intimidaciones de bandas criminales, el Eln y otras facciones ilegales. Todo ello en medio de una racha de asesinatos a nivel nacional de líderes sociales y activistas de derechos humanos. Aun así, es claro que han disminuido los casos de secuestro, extorsión, asesinato, desplazamiento forzado y otros, circunstancias atribuidas al desarme de las Farc y su fin como grupo armado. También se avanzó ya en el desminado humanitario, declarándose hace dos semanas 14 municipios libres de este riesgo.
16. EL MISTERIO DE LAS DISIDENCIAS: terminado el desarme y ya en pleno proceso de reincorporación de los desmovilizados, una creciente preocupación se viene dando respecto a cuántos cabecillas y combatientes de las Farc desertaron del proceso de paz. La guerrilla ha sido muy reservada al respecto, pero cálculos gubernamentales y de algunos centros de investigación sostienen que serían más de 500 los ‘rebeldes’, muchos de los cuales se fueron con sus armas y estarían, incluso, asociándose con bandas criminales y guerrilleros del Eln para seguir controlando, a sangre y fuego, el narcotráfico, la minería ilegal, el contrabando y otros delitos en las zonas en donde antes operaban las Farc. Aunque el Estado lanzó estrategias militares y policiales para asegurar el territorio con 80 mil hombres, en algunos casos reaccionó tarde. A ello se suma que la tregua Gobierno-Farc y luego el rebrote de violencia en las zonas despejadas por esa guerrilla, redundaron en un auge narcotraficante que llegó a 188 mil hectáreas de cultivos ilegales al cierre de 2016 y más de 800 toneladas de potencial de producción de cocaína. El Gobierno sostiene que gracias al acuerdo de paz ya firmó pactos de erradicación voluntaria con miles de familias y aspira a destruir por esa vía 50 mil hectáreas este año, aunque lleva 30 mil.
17. CONTRARRELOJ LEGISLATIVO: a finales de mayo el Gobierno pidió al Congreso la prórroga del ‘fast track’. Según explicó entonces el presidente del Senado, con esa sola notificación se dio por ampliado por seis meses más este mecanismo, que irá hasta finales de noviembre. Esto quiere decir que quedan tres meses y unos días para sacar avante los siguientes proyectos hoy en trámite: la reforma política y electoral, las 16 curules especiales de paz; ley estatutaria reglamentaria de la JEP; sistema nacional catastral multipropósito; adjudicación y otorgamiento de uso de baldíos en reservas forestales; creación del sistema nacional de innovación agropecuaria; y monopolio legítimo de la fuerza y del uso de las armas. Ya el Gobierno alertó esta semana por la lentitud de algunos de esos debates, pero en el Congreso le respondieron que se trabaja a buen ritmo y lo que pasa es que ahora hay más opción para debatir los proyectos, sobre todo aquellos complejos como la reglamentación de la JEP o la reforma política. Faltarían por radicar, según el Observatorio de Viva la Ciudadanía, los de garantías de participación, protesta y movilización social; reforma a la ley 152 y reforma a la ley de víctimas, entre otros. Todo eso se complica aún más porque la coalición parlamentaria gubernamental se fisuró y estamos ya en plena campaña electoral, en donde el pulso entre quienes quieren ajustar el acuerdo y los que prefieren cumplirlo al 100% es una bandera política y electoral muy fuerte.
18. LA PLATA DEL POSCONFLICTO: los cálculos sobre lo que podría valer la aplicación del acuerdo de paz son variables. El Ministerio de Hacienda cree que costaría 129,5 billones de pesos en los próximos 15 años, siendo el más costoso el punto 2, sobre desarrollo rural, que demandaría inversiones por 110,6 billones de pesos. ¿Cómo va la financiación? Según el Gobierno, ya hay compromisos y aportes concretos de la Unión Europea, Estados Unidos y otros entes multilaterales. A nivel interno, este año se destinaron $1,8 billones para financiar el posconflicto y $2,4 billones en 2018, especialmente enfocados en programas de sustitución de cultivos. De la misma forma, los entes territoriales están destinando el 7% de las regalías al financiamiento de la implementación de los acuerdos y el propio Gobierno está impulsando la movilización de $1,5 billones en saldos no usados en el 2016 para la inversión en vías terciarias. Sin embargo, en plena época de ‘vacas flacas’ presupuestales esos recursos asoman muy pocos, más aún en medio de una economía en crisis que apenas si está creciendo al 1,2% este año. Si bien se lanzaron los llamados “Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial” en 170 municipios de 16 regiones golpeadas por la guerra, está en vilo la plata para implementarlos. Igual preocupación presupuestal existe sobre la reparación de las víctimas. El Gobierno sostiene que ya hay 690 mil víctimas reparadas individualmente, con una inversión de 4,2 billones de pesos. Hay 300 sujetos colectivos, o sea grupos, comunidades, que avanzan en la ruta de reparación. De estos 125 están ya en la fase final. El problema es que hay 8 millones de víctimas en el Registro Único de Víctimas.
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