LAS CRÍTICAS contra el acuerdo de justicia al que llegaron el Gobierno y las Farc en La Habana no se detienen. En su informe sobre la situación de derechos humanos en Colombia durante el 2015, la influyente ONG Amnistía Internacional (AI) volvió a enfilar cuestionamientos sobre el alcance de la llamada “Jurisdicción Especial de Paz” (JEP).

 

Tras señalar que el proceso de paz avanzó significativamente, a tal punto que las partes anunciaron un acuerdo sobre justicia transicional, AI hizo reparos al mismo.

“El acuerdo parecía no cumplir enteramente las normas internacionales sobre el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación”, indicó.

 

Amnistía detalló que el componente central de la JEP consiste en un tribunal y salas de justicia especiales con jurisdicción sobre las personas que, en el marco del conflicto, estuvieran directa o indirectamente implicadas en “graves violaciones a los derechos humanos y las graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario”.

 

También trajo a colación que de ser declarados culpables, aquellos que hubieran negado su responsabilidad en crímenes graves afrontarían penas de hasta 20 años de prisión.

 

Pero el tema que más parece llamarle la atención es que la JEP propone que a quienes hubieran admitido su responsabilidad en delitos graves y atroces no se les impondrían penas de cárcel, sino entre cinco y ocho años de “restricción efectiva de libertades”.

 

Para Amnistía Internacional, “al proponer sanciones que no parecían ser proporcionales a la gravedad de los crímenes de derecho internacional, Colombia podía estar incumpliendo su obligación, contraída en virtud del derecho internacional, de prevenir y castigar tales crímenes”.

 

Igualmente se llamó la atención en torno a que ambas partes acordaron que se impulsaría una “Ley de Amnistía” que favorecería a los acusados de cometer “delitos políticos y conexos”.  

 

AI sostiene que pese a que todavía no se ha acordado una definición de los actos que constituyen los “delitos conexos”, se supone que quedarían excluidas de la amnistía las personas declaradas culpables de perpetrar delitos graves.

Amnistía Internacional también se refirió al acuerdo del Gobierno y la guerrilla para la creación de una Comisión de la Verdad, recalcando que “los tribunales no podrían emplear ninguna información descubierta” por la misma.

 

Al respecto advirtió que “esta carencia podría menoscabar la capacidad del sistema judicial para enjuiciar delitos de derecho internacional”.

 

Igualmente hizo mención, pero sin opinar al respecto, al acuerdo que alcanzaron las partes sobre un mecanismo para localizar y exhumar los restos de muchas de las personas, tanto civiles como combatientes, desaparecidas en el marco del conflicto.

 

Alud de críticas

 

Esta es la segunda vez en las últimas semanas que AI hace reparos al acuerdo judicial Gobierno-Farc.

 

“Las sanciones no privativas de libertad expuestas en el acuerdo para quienes reconozcan su responsabilidad en violaciones graves de derechos humanos e infracciones graves del derecho internacional humanitario no parecen ser proporcionales a la grave naturaleza de los delitos de derecho internacional”, precisó la ONG días antes, anticipando lo que sería el informe que presentó ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. 
Para Amnistía, “el legado de delitos de derecho internacional y de abusos y violaciones de derechos humanos que se han cometido de manera generalizada y sistemática, unido a la arraigada impunidad que los ampara, implica que, pese a los progresos respecto a la paz, persisten numerosos problemas humanitarios y de derechos humanos, aparentemente insolubles, relacionados con el conflicto, que muy probablemente podrían agudizarse en un entorno de posconflicto. Por este motivo, la oleada de bien fundado optimismo debe atemperarse con una dosis de cautela”.
La ONG señaló que “una serie de disposiciones, así como una serie de ambigüedades, que parecen no ser conformes con el derecho y las normas internacionales sobre el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación”, por lo que “esas sanciones pueden incumplir la obligación contraída por el Estado de prevenir y sancionar esos delitos de derecho internacional y, de esa manera, pueden seguir minando una rendición de cuentas efectiva”.
A estas críticas  al acuerdo judicial ya se habían sumado otras ONG como Human Rights Watch, que se opuso rotundamente al tratamiento benevolente establecido tanto para los comandantes guerrilleros como para miembros de la Fuerza Pública que hubieran participado en actos delincuenciales, en lo que denominó como “piñata de impunidad”.
A eso se sumaron voces del Parlamento Europeo, para las que no se podía adelantar el plan de ayuda financiera para el posconflicto hasta que no se tuviera certeza de que los violadores de derechos humanos tuvieran el castigo efectivo, inclusive dentro de los cánones de la justicia transicional.
También semanas atrás, el secretario de Estado, John Kerry, le dijo al presidente Juan Manuel Santos que el Gobierno norteamericano esperaba la sanción debida a quienes en manera tan grave hubiesen violado los derechos humanos.
En el Congreso norteamericano demócratas y republicanos han advertido que la ayuda financiera de 400 millones de dólares podría no fluir si no se castigaran adecuadamente y tuvieran la sentencia debida los violadores de los derechos humanos.

Incluso el vicefiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), James Stewart, manifestó en Washington, durante un foro organizado en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA), que “el proceso de paz debe contemplar asuntos de responsabilidad para los responsables de crímenes de guerra y contra la humanidad”.
Stewart anotó que “la oficina del Fiscal tiene que quedar satisfecha de que la lucha para acabar con la impunidad en los crímenes más serios se está librando de manera legítima”. 
 

Lupa a tregua

Volviendo al informe de AI, la ONG sostiene que si bien la tregua unilateral de las Farc y la suspensión de bombardeos aéreos de las Fuerzas Militares contra campamentos guerrilleros redujeron la intensidad de las hostilidades, “el conflicto armado seguía repercutiendo negativamente en los derechos humanos de la población civil, especialmente en los pueblos indígenas, las comunidades afrodescendientes y campesinas, y los defensores y defensoras de los derechos humanos”.

 

AI culpa de dichas violaciones a la Fuerza Pública, los grupos guerrilleros y los paramilitares (como llama la ONG a las bandas criminales emergentes al servicio del narcotráfico, Bacrim).

 

De otro lado, en lo que pareció una crítica tácita a la reforma al Fuero Penal Militar aprobada el año pasado, Amnistía sostiene que el Congreso aprobó legislación que “amenazaba con exacerbar los ya altos niveles de impunidad, especialmente la que gozaban los miembros las fuerzas de seguridad implicados en violaciones de derechos humanos tales como homicidios ilegítimos, tortura, desapariciones forzadas, amenazas de muerte, desplazamientos forzados y violaciones”.

 

También llamó la atención en torno a que si bien la violencia electoral se redujo en 2015, “cientos de candidatos y candidatas a las elecciones regionales de octubre fueron víctimas de amenazas, y en algunos casos de homicidio, principalmente a manos de paramilitares”.

 

Conflicto armado

 

En cuando al conflicto armado como tal, Amnistía Internacional indicó que el año pasado continuó afectando “enormemente” a los derechos humanos de la población civil, especialmente a los de las personas que vivían en zonas rurales, como Buenaventura.

Indicó que todas las partes del conflicto fueron responsables de crímenes de derecho internacional tales como homicidios ilegítimos, desplazamientos forzados, desapariciones forzadas, amenazas de muerte y delitos de violencia sexual. Igualmente recalcó que subversión y paramilitares siguieron reclutando a niños y niñas como combatientes.

También citó cifras de la ONG Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), según las cuales 204.000 personas fueron desplazadas a la fuerza en 2014, frente a las 220.000 del año anterior.

Citó, por igual, estadísticas de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), que registran 35 homicidios y 3.481 desplazamientos forzados en 2015. Advirtió que la situación de las comunidades indígenas del Cauca fue  particularmente grave.

Por igual, Amnistía Internacional indicó que en 2015 los casos de ‘falsos positivos’ siguieron disminuyendo, aunque fueron una práctica generalizada y sistemática durante el conflicto.

Sin embargo, AI señala que a pesar de que el último informe del alto comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos, publicado en enero, no registró ningún “falso positivo”, incluía casos “en que las fuerzas armadas intentaron mostrar a víctimas de ejecuciones arbitrarias como bajas enemigas en combate o reorganizaron la escena de los hechos para simular legítima defensa”.

La ONG internacional también dijo que hubo pocos avances en la investigación sobre los sospechosos de ser penalmente responsables de dichos crímenes, especialmente cuando se trataba de oficiales de alta graduación.

En cuanto a los grupos guerrilleros, Amnistía indicó que continuaron siendo en 2015 responsables de crímenes de derecho internacional y abusos contra los derechos humanos tales como homicidios ilegítimos y ataques indiscriminados que ponían en riesgo a la población civil.

Trajo a colación el el informe cifras de la ONG País Libre, según las cuales entre enero y noviembre hubo 182 secuestros. De ellos, el Eln fue responsable de 23, las Farc de 7 y los paramilitares de 24. No obstante, la mayoría de los secuestros (123) se atribuyeron a la delincuencia común. Por igual se recalcó que las minas terrestres, colocadas mayoritariamente por las Farc, continuaron matando y mutilando a civiles y a miembros de las fuerzas de seguridad el año pasado.

Por último, en cuanto a las Bacrim, se indicó que en 2015 siguieron cometiendo crímenes de derecho internacional y graves violaciones de derechos humanos “pese a su supuesta desmovilización en el marco del proceso de Justicia y Paz, promovido por el gobierno y que se inició en 2005”.

Otro de los capítulos del informe de Amnistía se refirió al proceso de restitución de tierras a desplazados y despojados. De este dijo que siguió avanzando lentamente y que al concluir 2015 sólo 58.500 hectáreas de tierra reclamadas por campesinos, un territorio indígena de 50.000 hectáreas, y otro de afrodescendientes, de 71.000, habían sido objeto de sentencias judiciales que ordenaban su devolución.