Con el visto bueno de la mesa de la Unidad Nacional se abre paso en el Congreso la eliminación de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara. 

 

Así quedó consagrado en la ponencia de la reforma  a la justicia que será puesta a consideración esta semana en la Comisión Primera del Senado y en la que había sido acumulada la propuesta de eliminar la entidad encargada de investigar a los altos dignatarios del país.

 

EL NUEVO SIGLO supo que los distintos ponentes de la iniciativa, que representan a las diversas bancadas de los partidos políticos en el Senado, estuvieron de acuerdo con que se cree una nueva corporación integrada por magistrados pero adscrita a la Cámara, tal como lo había propuesto el senador Manuel Enríquez, del Partido Social de Unidad Nacional (La U).

 

De igual manera, y tal como se lo confirmó a este Diario el presidente de la Cámara, Simón Gaviria, del Partido Liberal, quien estuvo presente ayer en la reunión de la mesa de la Unidad Nacional donde se discutió el tema de la reforma judicial, en la ponencia también se incluyó establecer una fórmula constitucional para el presupuesto de la Rama Judicial.

 

“En el tema del presupuesto de la Rama Judicial, se les va dar una fórmula constitucional del sistema nacional de participaciones”, dijo Gaviria. Sin embargo, quedó descartado que sea el seis por ciento del Producto Interno Bruto, tal como lo había propuesto el Consejo de Estado en su iniciativa que radicó.  Actualmente el Gobierno le gira al poder judicial anualmente el dos por ciento. De todas maneras, la ponencia incluye la creación de un fondo de descongestión.

 

Así mismo, el parlamentario señaló que “las Cortes acogieron todo lo de descongestión judicial”. Eso quiere decir que las medidas que había propuesto el Gobierno para poner al día la justicia en el país, tales como otorgarles funciones jurisdiccionales a notarios y abogados, fue aceptada en la ponencia.

 

Sin embargo, el punto que hasta el momento no ha generado consensos entre las altas cortes y el Gobierno y que buscaron infructuosamente a última hora los senadores ponentes del proyecto de reforma constitucional, es el órgano de cierre en materia de tutela contra sentencia judicial.

 

El Gobierno plantea que la Corte Constitucional pueda revisar los fallos proferidos por la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, pero estos dos últimos tribunales siempre se han opuesto a esta propuesta.

Respecto al juzgamiento de congresistas, se acordó la implementación de la doble instancia. Un grupo de nuevos magistrados, escogidos por la Corte Suprema de Justicia, será la encargada de realizar la primera instancia, mientras que la Sala de Casación Penal lo hará en segunda.

 

Tal como lo había anticipado EL NUEVO SIGLO, los senadores ponentes decidieron, después de consensos con las altas cortes y el Gobierno, no eliminar el Consejo Superior de la Judicatura. Según dijo Gaviria, se mantendrá la Sala Disciplinaria, pero será reestructurada su Sala Administrativa, tal como lo han planteado las propuestas radicadas tanto por el Gobierno como por el Consejo de Estado. Dicha Sala estará integrada por los presidentes de las altas cortes y sus delegados.

 

Por ahora, quedó aplazado el debate de la eliminación del Consejo Nacional Electoral, propuesto por el Consejo de Estado, tribunal que solicitó la creación de un órgano integrado por magistrados que sean elegidos por convocatoria pública, y donde intervinieran en el proceso de preselección y elección las altas cortes y el Congreso, respectivamente.