Activistas celebraron un acuerdo judicial en Alabama, sur de Estados Unidos, que puso fin a las disposiciones más duras de una controvertida ley estatal que buscaba criminalizar a los inmigrantes indocumentados con medidas que atentaban también contra residentes legales.

El gobierno de Alabama y la Unión nacional para la Defensa de los Derechos Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) llegaron a un acuerdo el martes sobre la ley estatal HB56 que daba a las autoridades locales el poder de verificar el estatuto migratorio de las personas durante detenciones de tránsito, entre otros puntos polémicos.

"El acuerdo bloquea permanentemente la mayor parte de las peores disposiciones de la ley y destaca la prohibición de la disposición de perfil racial conocida como 'Muéstreme sus papeles'", dijo en un comunicado la organización Southern Poverty Law Center (SPLC, por sus siglas en inglés), dedicada desde su sede en Montgomery, Alamaba, a la defensa de los derechos civiles.

Esta ley tuvo una breve entrada en vigencia a finales de 2011, año durante el cual se realizaron masivas protestas de indocumentados y surgieron cientos de denuncias de ciudadanos estadounidenses de origen latinoamericano que fueron detenidos por la policía local.

Entre los casos más sonados que fueron atribuidos a una aplicación equivocada de la ley destacó la detención de un empleado alemán de la multinacional Wolkswagen, con planta en Alabama, y otro ejecutivo japonés de una empresa automotriz de ese país con otra planta en ese estado. Ambos fueron brevemente arrestados cuando la policía sospechó que sus documentos no estaban en regla o que no tenían la licencia de conducir de Alabama.

Entre las cláusulas más polémicas que quedaron sin efecto con el acuerdo del martes figura la prohibición a migrantes indocumentados de ser contratados o solicitar trabajo en la vía pública, la penalización por alojar y transportar a personas indocumentadas, y las restricciones al acceso de menores a escuelas públicas.

El acuerdo sigue a un fallo reciente de la Corte Suprema que rechazó una apelación de Alabama para aplicar partes de la ley, que tanto partidarios como opositores a la inmigración sin papeles han considerado la más dura en esta materia.

"Ahora es el momento de que nuestros legisladores estatales deroguen los remanentes de la ley HB56 y que nuestra delegación ante el Congreso apoye la reforma migratoria que va a arreglar nuestro quebrantado sistema", dijo la abogado del SPLC, Kristi Graunke.