Para discutir la viabilidad del desarrollo de actividades mineras en la capital de la República, mañana se llevará a cabo un debate de control político en la Comisión Quinta de Cámara, impulsado por el representante por Bogotá, Inti Asprilla, de la Alianza Verde.

El legislador citó a los ministros de Minas (Tomás González) y Ambiente (Gabriel Vallejo), así como a los directores de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Fernando Iregui), la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (Alfred Ballesteros) y Regalías (Amparo García); también están citados la presidenta de la Agencia Nacional Minera (Natalia Gutiérrez) y la secretaria distrital de Ambiente (Susana Muhamad).

Uno de los temas puntuales que abordará el representante Asprilla es el que tiene que ver con la cantera “La Esmeralda”, ubicada en la localidad de Ciudad Bolívar en el sur de la ciudad y donde a su juicio, la explotación minera en este sector ha vulnerado varios derechos fundamentales de la población.

Problemática

Recientemente, en su columna de opinión Asprilla expresó que “el caso del título minero de la ‘Cantera La Esmeralda’, a nombre de ‘Pavimentos Explanaciones Urbanas’, que como consta en Informe Técnico de la autoridad ambiental CAR, su explotación se ha desarrollado de forma antitécnica desde lo ambiental y minero, ya que el 95% del área concesionada se encuentra en zona no compatible para actividades mineras; además de comprobarse que hay materiales dispuestos sin obras de manejo y control ambiental (material particulado y arrastre de sedimentos hacia la cuenca hidrográfica - Quebrada Palo de la Bruja), explotaciones ilegales por fuera del polígono, desechos de obras civiles y derrame de aceites”.

Asimismo, el congresista indicó que “esta situación desencadena en la vulneración de varios derechos fundamentales y colectivos de la comunidad de Ciudad Bolívar, como el derecho fundamental a la vida, como ocurrió en el caso del accidente de la volqueta, por realizarse la actividad sin cumplir las normas de transporte”.

También se violaría el derecho a la salud “por exposición de material particulado que genera enfermedades respiratorias, afectaciones a la vista y a la piel. El derecho a la intimidad, por la afectación al goce de este derecho por el material particulado y los ruidos excesivos.Entre muchos otros que diariamente se ven afectados”.

Así las cosas, durante el debate de control político se tiene previsto que se revise el cumplimiento de lo mandado por el fallo del Consejo de Estado en el caso de la Acción Popular del río Bogotá, que ordenó entre otras medidas, la delimitación geográfica de las zonas excluidas de minería en donde no podrán ejecutarse trabajos y obras de exploración.

Adicionalmente, explica el legislador, si se debe revocar o suspender “las licencias, títulos, permisos, autorizaciones o concesiones para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales y del medio ambiente en las zonas de exclusión” y además “exigir de los particulares o entes públicos o privados a los que se les haya otorgado las licencias ambientales, autorizaciones, permisos o concesiones a cielo abierto, o en una zona específica, declarados responsables, la indemnización, restauración o sustitución de todo el suelo intervenido en la explotación, por cuenta de los beneficiarios de dichos títulos, permisos, licencias o concesiones”.

Propuestas

Para el representante Asprilla “históricamente los impactos y riesgos de las actividades mineras han sido asumidos por sectores de la población en un alto grado de vulnerabilidad localizados principalmente en el sur de Bogotá, lo que claramente se configura como un hecho de ‘discriminación ambiental’”.

Y para frenar esta situación, lo primero que considera es que en el Distrito Capital “no debe haber zonas compatibles para desarrollar minería porque es una actividad altamente impactante y riesgosa para una mega-ciudad de más de 7 millones de habitantes localizada en un ecosistema de interés nacional, con destinación agropecuaria y forestal”.

Asprilla lanzó varias propuestas para contrarrestar estos efectos como por ejemplo que “en cumplimiento a lo establecido en la Ley 99 de 1993, que establece la Sabana de Bogotá como un ecosistema estratégico de interés nacional cuya destinación prioritaria será́ la agropecuaria y forestal, no incluir zonas compatibles con la actividad minera en el Distrito Capital”.

Adicionalmente, “revocar las concesiones mineras y las correspondientes licencias ambientales de los títulos existentes en el Distrito Capital” y “restaurar las zonas afectadas por actividades mineras legales e ilegales”.

Asprilla Reyes también expresó que se debe restaurar las zonas afectadas por estas actividades, los derechos vulnerados de los habitantes del sector. “Indemnizar a los habitantes del sur por las afectaciones a su calidad de vida debido a la discriminación ambiental (…) sancionar a las autoridades administrativas que han incumplido sus funciones de control de las actividades mineras y sus impactos generados”.

Finalmente dice que se debe condenar “administrativamente y penalmente a los privados (personas naturales y jurídicas) que han incumplido sus obligaciones ambientales y mineras al desarrollar una actividad altamente riesgosa como la minera”.