En pleno boom minero que vive el país esta actividad tendrá que regirse por la normatividad de hace más de una década, pues el 11 de mayo próximo quedará sin efecto la Ley 1382 de 2010, la cual fue tumbada por la Corte Constitucional, aunque difirió por dos años los efectos de esta decisión.

Es un hecho que el nuevo proyecto de Código Minero no alcanzará a ser tramitado antes de mayo, pues en este momento la iniciativa ni siquiera ha sido presentada formalmente a la Mesa de Concertación con los Pueblos Indígenas, paso previo para la consulta previa con estas comunidades y con minorías étnicas, para que luego pueda ser presentada al Congreso.

A lo que hay que sumar el tiempo que, en caso de convertirse en ley, se demore en la Corte para el respectivo control de constitucionalidad.

Es una realidad que al Gobierno le cogió el ‘día’ con este tema pues desde principios del año anterior mostró la intención de presentar este proyecto.

El problema que se viene para el país es que a partir del 11 de mayo, la actividad minera, considerada por el gobierno Santos como una de las cinco locomotoras que jalan la economía, tendrá que regirse por la Ley 685 de 2001 (Código de Minas), una normatividad que no interpreta las realidades de la minería de hoy en Colombia y el mundo, no solo en su desarrollo sino en temas clave como la preservación del medio ambiente y la lucha contra flagelos como la minería ilegal.

La Corte Constitucionaltumbó en 2010 el Código Minero por considerar que pasó por alto la consulta previa a los pueblos indígenas y minorías étnicas en los términos que establece el acuerdo 169 de la Organización Internacional del Trabajo, del cual Colombia es signatario, y la Constitución, en el entendido que deben ser consultados estos pueblos sobre los proyectos de ley y reformas constitucionales así como obras de desarrollo que afecten su ambiente, organización social o cultura.

Sin embargo la Corte entendiendo los efectos del hundimiento del Código Minero, moduló el fallo posponiendo sus efectos a partir del 11 de mayo de este año con el objeto de que en ese tiempo se tramitara otra ley.

En julio pasado el entonces ministro de Minas y Energía, Mauricio Cárdenas, le dijo a         EL NUEVO SIGLO que la expedición “del nuevo Código Nacional de Minas tendrá como objetivo facilitar la formalización, que haya más mineros tradicionales que puedan entrar a la legalidad y darle más herramientas a la autoridad minera para que tanto título ocioso que se adjudicó en el pasado y que no está cumpliendo con su propósito pueda caducar y volvamos a tener esas áreas libres para  desarrollos mineros que realmente le aporten al país”.