por Sophie MAKRIS

Grecia recibió a los representantes de sus acreedores, la UE y el FMI, con los que empezó a negociar con el objetivo de cerrar en tres semanas un tercer plan de rescate que mantenga a flote al país, en medio de tensiones internas.

La relación entre las dos partes es tirante y prueba de ello las informaciones no coincidentes sobre la fecha de inicio de las negociaciones. 

El gobierno griego decía que abriría el martes las conversaciones con los equipos técnicos de los acreedores, mientras que en Bruselas, una portavoz de la Comisión dijo que los representantes llegaron este lunes y que los trabajos comenzarían de inmediato.

Al final de la jornada, el ministro de Economía, Euclide Tsakalotos, informó que las discusiones se habían iniciado este lunes y "se intensificarían el martes". 

Además, reiteró que Grecia iba a "obedecer las decisiones" acordadas en la cumbre europea. 

En cualquier caso, el tiempo apremia para Atenas y sus acreedores, la Comisión Europea, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Central Europeo (BCE). De aquí al 20 de agosto deben cerrar las modalidades de un tercer plan de rescate, de entre 82.000 y 86.000 millones de euros, que quedó acordado en su principio en una maratoniana cumbre europea los pasados días 12 y 13 de julio.

Grecia, que tiene las arcas vacías, espera recibir antes de esa fecha un primer pago para reembolsarle más de 3.000 millones de euros al BCE el 20 de agosto.

Eso implica definir en sólo tres semanas las reformas prioritarias a efectuar, fijar el calendario de pagos, encontrar un acuerdo sobre los objetivos fiscales de Grecia, obtener la aprobación de las tres instituciones acreedoras y de varios parlamentos que deben pronunciarse, y someter a voto en el Parlamento griego las decisiones adoptadas.

Todo un desafío, a juzgar por lo tortuoso de las negociaciones entre los acreedores y el gobierno griego de izquierda, en el poder desde finales de enero.

De momento, ninguna de las partes ha precisado si en este estadio de las negociaciones se abordará una posible reestructuración de la deuda pública griega, en torno al 180% del PIB.

No obstante, el principio de una reestructuración ya no se pone en duda, dijo Benoît Coeuré, miembro del directorio del BCE, en una entrevista al diario francés Le Monde.

"La cuestión no es saber si hay que reestructurar (...) sino de qué forma hacerlo", dijo Coeuré.

- Varoufakis da que hablar -

El gobierno griego debe además hacer frente al frente interno abierto por los 30 parlamentarios de su partido de izquierda Syriza, hostiles a los términos de este nuevo rescate y que han dejado al gobierno sin mayoría en el Parlamento. 

Este lunes Tsipras llamó a revisar "los logros y los errores" de los seis meses que llevan en el poder y a responder con "sinceridad" a la cuestión de si había una solución alternativa realista a firmar el acuerdo del 13 de julio. 

El primer ministro reconoció que "existen diferentes orientaciones en el seno de su partido" y planteó que "va a haber que planificar lo antes posible" un congreso para resolverlas. 

El gobierno se ha abstenido por otro lado de reaccionar a la controversia surgida este fin de semana, a propósito de unos artículos de prensa confirmados en parte por el ex ministro de Finanzas Yanis Varoufakis, que dimitió el 6 de julio, al día siguiente de la victoria del "no" en el referendo, pero sigue siendo un influyente diputado.

Varoufakis reconoció que tenía un plan para introducir una moneda paralela, pirateando las cuentas bancarias de los contribuyentes griegos, con la ayuda de un amigo de infancia ahora profesor de informática en Estados Unidos.

"Nunca se ha discutido sobre el plan Varoufakis, son historias", se defendió en varios medios el viceministro griego de Finanzas Dimitris Mardas.

En tanto, la secretaria general de cuentas públicas, que tiene los datos fiscales de los contribuyentes, anunció este lunes que abriría una encuesta para detectar si hubo operaciones sospechosas/AFP.