Funcionarios de la Defensoría del Pueblo Regional Nariño se reunieron en las últimas horas con la comunidad afectada por el atentado de las Farc en el corregimiento El Diviso del municipio de Barbacoas.
Durante la jornada el equipo humanitario desplazado a la zona adelantó labores de mediación para que Invías inicie los estudios encaminados a la reconstrucción del puente ubicado sobre la quebrada El Verde, donde miembros de la guerrilla activaron una carga explosiva e incineraron dos vehículos. Paralelamente, los funcionarios de la Defensoría convocaron a las alcaldías de Barbacoas y Tumaco, las cuales se comprometieron a llevar agua en carrotanques para atender las necesidades básicas de la población debido a los daños que sufrió el acueducto.
Según estimativos, serían al menos mil personas las perjudicadas por las graves averías que produjo el ataque en la tubería que abastece a las comunidades asentadas en el resguardo del Gran Sábalo, las cuales necesitan el líquido vital de manera inmediata.
Además de las consecuencias para los servicios públicos, los profesionales de la Defensoría del Pueblo comprobaron la magnitud de la destrucción en la estructura del puente que conecta a Tumaco y Barbacoas, la cual corre el riesgo de colapsar debido a que la plataforma es pequeña y a que con el paso restringido a un carril, podría no soportar el peso de los vehículos particularmente de camiones y tractomulas.
La Defensoría a rechazó la quema de un automotor frente a la Institución Educativa Técnico Agropecuaria Bilingüe del Pueblo Awá, situación que ha causado temor en la población y que se convierte en una grave violación al Derecho Internacional Humanitario, DIH. En ese sentido, y ante la zozobra de los habitantes, se pidió la intervención del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) a fin de ofrecer apoyo sicosocial para los niños, niñas y adolescentes
Durante la visita, la misión humanitaria adelantó labores de acompañamiento, asesoría y orientaciónrespecto a la ruta de atención que se debe seguir con la comunidad y solicitó llevar a cabo un Consejo de Justicia Transicional para resolver la problemática y evitar una posible revictimización de los pobladores.
Los indígenas Awá reconocieron que la Defensoría del Pueblo fue la primera entidad del Estado que llegó hasta el sitio del atentado para visibilizar sus necesidades y atender sus requerimientos.